El Ministerio Público mantiene abierta la investigación por el caso denominado “Narcomaderas” y anunció que no emitirá imputaciones mientras no existan elementos suficientes que permitan establecer responsabilidades. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que las pesquisas continúan en cuatro departamentos del país tras el hallazgo de droga presuntamente impregnada en un cargamento de madera boliviana en Chile.
La investigación se desarrolla en Pando, Beni, La Paz y Santa Cruz, luego de que autoridades chilenas reportaran en el puerto de Arica el hallazgo de más de 100 toneladas de sustancias controladas en aproximadamente 1.100 toneladas de madera exportada desde Bolivia.
Mariaca explicó que, desde la recepción de la información enviada por la Fiscalía de Arica y Parinacota, se activaron diferentes diligencias investigativas, entre ellas allanamientos, recolección de muestras y toma de declaraciones a personas vinculadas al caso.
El Fiscal General aseguró que las decisiones dentro del proceso estarán basadas en criterios técnicos y jurídicos, descartando cualquier presión externa. Señaló que una imputación solo puede realizarse cuando existan indicios y elementos probatorios que permitan sostener una acusación ante un juez cautelar.
Sobre los análisis realizados a la madera, indicó que cerca del 60% de las muestras enviadas al CITES dieron resultado negativo, aunque aclaró que estos resultados no cierran la investigación, debido a que aún quedan actuaciones pendientes.
La autoridad también mencionó antecedentes similares ocurridos en la frontera con Brasil, donde cargas que inicialmente dieron positivo en pruebas de campo posteriormente fueron descartadas tras análisis de laboratorio, por lo que pidió actuar con prudencia para no afectar a sectores productivos vinculados a la actividad forestal.
Mariaca reiteró que el caso seguirá su curso bajo control judicial y pidió que la investigación no sea utilizada con fines políticos. Afirmó que, si aparecen elementos suficientes, la Fiscalía procederá contra los responsables; mientras que, si no existen pruebas, corresponderá emitir las determinaciones legales respectivas.
