La Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción presentó una imputación formal contra el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, tipificado en el artículo 179 Bis del Código Penal, dentro del denominado Caso Mutualista.

Según el documento al que accedió la Red DTV, Fernández no habría dado cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0531/2024-S3, emitida el 19 de julio de 2024, presentada por los abogados de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos. La Fiscalía advirtió que, al ejercer su máxima autoridad en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz (GAMSC), el alcalde podría destruir, modificar u ocultar documentación relacionada con la sentencia e influir en los funcionarios municipales citados como testigos.

Entre los funcionarios que deberán rendir declaración figuran Boris Peñaloza, Mariana Daga, Roger Serrate, Andrea Ugarte, Jimena Vargas, Henry López, Alba Mamani, Freddy Bolaño, Andrés Rodas, Gabriel Vargas, Juan Hoyos, Yesenia Vargas, Evelin Ardaya y Rubén Rivera, junto con otros responsables de áreas clave del municipio.

El Ministerio Público solicitó detención preventiva de 90 días para Fernández en el Centro de Rehabilitación Palmasola, debido a los riesgos de obstaculización de la investigación y posible fuga.

El documento detalla también diligencias pendientes, entre ellas:

  • Remisión de copias legalizadas de actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
  • Inspección ocular en oficinas de la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del GAMSC.
  • Solicitud de certificados de flujo migratorio y antecedentes policiales del imputado.
  • Requerimiento de información al GAMSC sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional.
  • Verificación en registros de Derechos Reales sobre la cancelación de la matrícula computarizada vinculada a la sentencia.

Con esta imputación, la Fiscalía busca asegurar el cumplimiento de la sentencia constitucional y evitar cualquier acción que pueda obstaculizar la investigación dentro del Caso Mutualista.

FUENTE: RED DTV