La investigación fiscal por el ingreso sin fiscalización de más de 30 maletas al aeropuerto internacional de Viru Viru volvió a tomar fuerza tras la declaración de una exautoridad de la Aduana Nacional, cuyo testimonio apunta a una presunta omisión de controles desde niveles jerárquicos.

Mónica Andrea Castro Torrez, quien ejercía funciones en la gerencia regional de Aduana en Santa Cruz y actualmente ocupa la jefatura jurídica de la institución, compareció ante el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) en calidad de testigo. En su declaración informó que el mismo día del arribo de un vuelo chárter desde Miami advirtió que el equipaje transportado debía ser sometido a control aduanero.

Según los antecedentes del caso, el 29 de noviembre de 2025 aterrizó en Viru Viru una aeronave privada con la exdiputada Laura Rojas a bordo, quien ingresó al país con 31 maletas y presentó un pasaporte diplomático. Castro señaló que, al conocer este hecho, alertó que no existía respaldo legal para eximir el equipaje de los procedimientos de revisión.

Horas después, relató que fue contactada por el entonces administrador de Aduana en Viru Viru, David Benerando Alanoca Montoya, a quien le reiteró que la pasajera ya no tenía condición diplomática vigente y que el documento presentado se encontraba vencido. En ese contexto, recomendó que el caso sea elevado a instancias nacionales para su evaluación.

La exfuncionaria precisó que no tuvo injerencia directa en las decisiones operativas del aeropuerto, ya que su interinato concluyó un día antes del arribo del vuelo, y que la ejecución de controles correspondía exclusivamente a la administración de recinto. Aseguró además que no recibió reportes formales ni comunicaciones escritas sobre lo ocurrido en las horas posteriores al aterrizaje.

En su testimonio, Castro remarcó que la normativa aduanera obliga a someter a control a todo equipaje, incluso cuando el viajero porta pasaporte diplomático, salvo excepciones específicas previstas por ley. Explicó que el procedimiento adecuado incluía evaluación de riesgo, escaneo del equipaje y, de ser necesario, inspección física y registro de maletas consideradas rezagadas.

La Fiscalía sostiene que estos pasos no se cumplieron, lo que permitió que el equipaje sea retirado al día siguiente sin ningún tipo de verificación, pese a que existía conocimiento previo sobre el uso de un pasaporte diplomático vencido.

Actualmente, el caso es investigado por el presunto delito de incumplimiento de deberes y mantiene a cinco exfuncionarios aduaneros de nivel operativo en calidad de imputados. No obstante, la defensa legal cuestiona que la investigación no haya alcanzado a exautoridades con capacidad de decisión.

El abogado Joadel Bravo, defensor de uno de los procesados, afirmó que la reciente declaración confirma que los técnicos aduaneros actuaron conforme a procedimiento al informar el hecho a sus superiores, y que la omisión se produjo en los niveles jerárquicos que no activaron los mecanismos legales correspondientes.

Mientras el proceso continúa en etapa preliminar, el denominado caso “maletas” ha reabierto el debate sobre los controles internos en la Aduana Nacional, el uso de documentación diplomática y la responsabilidad penal dentro de la estructura del Estado.

FUENTE: EL DEBER