CASO INFANTICIDIO: AUTOPSIA DETERMINA QUE BEBÉ FUE ENVENENADA

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La autopsia médico-legal realizada a la bebé de 10 días encontrada enterrada en un terreno baldío de la avenida G-77 estableció que la causa de muerte fue la administración de una sustancia tóxica mediante inyección, según el informe forense y las investigaciones del Ministerio Público.

A partir de los elementos colectados, la Fiscalía sostiene que el hecho habría sido planificado y ejecutado por los progenitores de la menor, con la presunta participación del hermano del padre, por lo que las tres personas fueron imputadas por el delito de infanticidio.

La fiscal del caso, Rose María Barrientos, indicó que los indicios recabados apuntan a que la recién nacida fue trasladada hasta el lugar donde posteriormente fue enterrada, luego de haber sido sedada con una sustancia anestésica.

“Se ha demostrado que utilizaron una sustancia que le causó la muerte”, afirmó la representante del Ministerio Público, al señalar que los elementos recolectados son determinantes en la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, el hecho habría sido planificado desde el nacimiento de la bebé, y los implicados no habrían mostrado señales de arrepentimiento durante sus declaraciones.

La investigación comenzó tras la denuncia de desaparición presentada por la tía materna. A partir de ese reporte, la Policía activó los protocolos de búsqueda hasta que el propio padre condujo a los investigadores al sitio donde se encontraba el cuerpo.

Durante el proceso investigativo, los progenitores habrían manifestado que la existencia de la niña representaba un obstáculo para sus planes personales.

“Ese fue el motivo que ellos señalaron durante su declaración”, explicó la fiscal Barrientos.

El Ministerio Público informó además que fueron secuestrados teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que serán sometidos a pericias para determinar su relación con el caso.

Los tres imputados enfrentarán una audiencia cautelar, donde un juez definirá su situación jurídica por el delito de infanticidio, que contempla hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Con este caso, Bolivia registra 17 infanticidios en lo que va de 2026, cinco de ellos en el departamento de Santa Cruz, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado.