Un policía deberá cumplir una condena por los hechos registrados durante el asalto de 2017, mientras otros cuatro efectivos afrontan un nuevo juicio por la intervención que terminó con cinco personas muertas.
El caso Eurochronos vuelve a los tribunales de Santa Cruz, nueve años después del asalto armado que terminó con la muerte de cinco personas y generó cuestionamientos sobre el operativo policial desplegado para controlar la situación.
La mañana del 13 de julio de 2017, un grupo de delincuentes ingresó armado a la joyería Eurochronos, ubicada en inmediaciones del primer anillo. Los trabajadores fueron tomados como rehenes y, durante el intento de los asaltantes por escapar, la gerente administrativa Ana Lorena Tórrez Torrico fue utilizada como escudo.
La mujer murió durante el intercambio de disparos registrado cuando los efectivos policiales intervinieron el lugar. En el mismo operativo fallecieron el teniente Juan Carlos Gutiérrez y tres de los delincuentes.
Con el avance de las investigaciones, pericias y actuaciones fiscales cuestionaron el uso de las armas de fuego durante la intervención y la atención brindada a las personas heridas.
El proceso judicial derivó inicialmente en condenas contra dos policías. Roberth Gabriel Ruiz Medina recibió una pena de 10 años de prisión, mientras que Edgar Huanquiri Quispe fue sentenciado a seis años y seis meses por tentativa de homicidio y lesiones graves.
Sin embargo, el proceso tuvo un nuevo giro después de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara parte del fallo y ordenara la realización de otro juicio oral contra los efectivos que habían sido absueltos.
UN POLICÍA DEBERÁ CUMPLIR SU SENTENCIA
En las últimas actuaciones judiciales, el Tribunal Cuarto de Sentencia emitió un mandamiento de condena contra Edgar Huanquiri Quispe, ordenando a la Policía ejecutar su captura y trasladarlo al penal de Palmasola.
Según la representación legal de las víctimas, el efectivo fue identificado dentro de la investigación como la persona que habría disparado contra Erick Peña, trabajador de Eurochronos que se encontraba herido y en el suelo durante el operativo.
La abogada de las víctimas, Raquel Guerrero, señaló que Peña todavía tiene un proyectil alojado en su cuerpo y que, debido al riesgo de una intervención quirúrgica, hasta ahora no pudo ser retirado.
OTROS CUATRO POLICÍAS AFRONTAN JUICIO
Mientras se ejecuta la condena contra Huanquiri, otro proceso judicial avanza contra los coroneles Gonzalo Medina, Jorge Silva y Roberth Gabriel Ruiz Medina, además del mayor Ricardo Salas.
La investigación atribuye a Salas un presunto disparo que habría provocado la muerte de Ana Lorena Tórrez. Este aspecto forma parte de los hechos que deberán ser esclarecidos durante el juicio.
La audiencia se instaló nuevamente, pero fue suspendida hasta el 28 de octubre.
La abogada de las víctimas también cuestionó que algunos de los policías procesados continúen desempeñando funciones dentro de la institución. Entre ellos mencionó a Ricardo Salas, quien actualmente cumple funciones en el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Felcc.
A nueve años del asalto, el caso continúa sin un cierre definitivo para las familias de las víctimas. Roxana Torrico, madre de Ana Lorena, murió durante la pandemia de Covid-19 sin conocer una resolución final por la muerte de su hija.
