Tras una nueva revisión de las medidas cautelares, la justicia determinó este lunes el envío a detención preventiva por 60 días en el penal de Palmasola de M. C. R., procesado por el delito de biocidio en el caso que causó la muerte de la cachorrita conocida como “Dida”.
La determinación se dio luego de que el juez aceptara la impugnación presentada por la Fiscalía y la parte denunciante, al considerar que la medida de detención domiciliaria dispuesta inicialmente no garantizaba el normal desarrollo de la investigación. En la resolución se advierte la existencia de riesgos procesales, como la posibilidad de reincidencia y la eventual influencia sobre testigos.
El proceso judicial generó amplia atención pública desde su inicio, especialmente después de la audiencia del 22 de enero, cuando se otorgó una medida sustitutiva que fue duramente cuestionada por vecinos del barrio Amboró y organizaciones defensoras de los animales, quienes se movilizaron exigiendo una sanción proporcional a la gravedad del hecho.
Según los antecedentes incorporados al cuaderno investigativo, el ataque se produjo en un domicilio de la zona sur de Santa Cruz de la Sierra. La víctima fue una cachorrita que sufrió agresiones de extrema violencia y falleció a causa de las lesiones. En el mismo hecho, otro perro resultó herido y continúa recibiendo atención veterinaria especializada.
La intervención policial se realizó tras la denuncia de residentes del sector. Efectivos de Pofoma, junto a personal de Zoonosis municipal, acudieron al inmueble, constataron el estado de los animales y activaron los procedimientos legales correspondientes.
Colectivos animalistas destacaron la nueva decisión judicial como un avance en la lucha contra el maltrato animal y recordaron que el delito de biocidio está contemplado en la normativa vigente. No obstante, reiteraron su pedido de que el proceso avance con celeridad hasta llegar a una sentencia firme.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con la recolección de pruebas, pericias y testimonios que permitan esclarecer plenamente los hechos y establecer las responsabilidades penales del imputado.
