El juicio oral contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el denominado caso Decretazo, volvió a ser suspendido, acumulando ya 16 aplazamientos consecutivos. La nueva audiencia fue fijada por el Tribunal Octavo de Sentencia para el próximo 22 de agosto.

El motivo de la suspensión fue, nuevamente, la incomparecencia del acusado, debido a que no fue trasladado desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz) hasta Santa Cruz, donde debía presentarse de forma presencial ante el tribunal.

El abogado defensor, Martín Camacho, calificó el hecho como una acción deliberada del Gobierno para frenar el avance del proceso judicial.

“No hay ningún impedimento legal ni logístico. Ya que existen las condiciones para el traslado. Esto es resultado de la tozudez y el capricho de un gobierno que ha hecho de la ilegalidad su norma de gestión”, declaró el jurista.

Según explicó, el Régimen Penitenciario tiene la obligación de trasladar al gobernador con al menos cinco días de anticipación a la cárcel de Palmasola, donde estaría más cerca del tribunal para su comparecencia. Asimismo, anunció que se evaluará iniciar procesos administrativos contra el teniente coronel Saúl Espinoza, responsable del centro penitenciario de Chonchocoro, por incumplimiento de deberes.

Martín Camacho, también adelantó que, en caso de que el proceso siga estancado, se solicitará la extinción del juicio por retardación de justicia, una vez se cumplan tres años sin avances sustanciales.

“Las 16 dilaciones no son accidentales. Son producto del capricho y el comportamiento contrario a la ley de régimen penitenciario”, afirmó el abogado.

El caso Decretazo se remonta a 2022, cuando Camacho, en su calidad de gobernador, emitió el Decreto Departamental 373, mediante el cual delegó funciones al secretario general en lugar del vicegobernador, lo que fue considerado una infracción a la normativa autonómica y nacional. Está acusado por la presunta emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Con la nueva fecha establecida para el 22 de agosto, el tribunal instó a que todas las partes aseguren las condiciones necesarias para la instalación del juicio, advirtiendo que no se tolerarán nuevas dilaciones.