CARLOS EDUARDO ORTEGA ASUME LA PRESIDENCIA DEL TSJ Y ANUNCIA REFORMA JUDICIAL
La posesión se adelantó tras la salida de Rómer Saucedo, quien anunció que se encontraba en el exilio. En su primer discurso, Ortega reconoció la profunda crisis del sistema judicial y propuso construir una nueva estructura con participación del Gobierno, la Asamblea Legislativa y distintos sectores de la sociedad.
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Carlos Eduardo Ortega asumió oficialmente este jueves la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un acto que se realizó antes de lo previsto. Su posesión estaba programada inicialmente para enero, con el inicio del año judicial, pero fue anticipada luego de que Rómer Saucedo dejara la conducción de esta instancia y anunciara que se encontraba en el exilio.
El cambio en la máxima instancia de la justicia boliviana se produjo en medio de la incertidumbre sobre la situación de Saucedo, quien el pasado 4 de noviembre comunicó públicamente su decisión de declararse en el exilio. Aunque se le concedió un plazo para retornar al país, hasta el momento no se conoce su paradero.
Durante su primer discurso como presidente del TSJ, Ortega reconoció la difícil situación que atraviesa el Órgano Judicial y expresó su preocupación por el deterioro de la administración de justicia en Bolivia.
La autoridad sostuvo que el país ya no necesita limitarse a hablar de una crisis, sino admitir la gravedad de los problemas que afectan al sistema judicial y trabajar en soluciones de fondo. En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar una transformación estructural que permita superar las deficiencias acumuladas durante décadas.
Ortega recordó que a lo largo de los años se anunciaron diferentes reformas judiciales, pero estas no consiguieron resolver los problemas centrales de la administración de justicia. Como antecedente, mencionó los cambios promovidos entre 1997 y 1999, durante la gestión del jurista René Blattmann.
Para el nuevo titular del TSJ, la solución no puede depender únicamente de decisiones internas del Órgano Judicial ni de medidas aisladas. Consideró que el proceso debe involucrar al Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, las universidades, los colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil.
En esa línea, propuso abrir un espacio de coordinación entre las instituciones del Estado para debatir y diseñar una nueva estructura judicial, con cambios en su organización y funcionamiento.
Finalmente, Ortega manifestó su disposición de encabezar las primeras acciones para impulsar esta transformación. Aseguró que el tema ya fue abordado con otros magistrados y remarcó que es necesario pasar de los planteamientos a medidas concretas para enfrentar la crisis del sistema de justicia.