CAPITÁN RUIZ ENFRENTA IMPUTACIÓN POR CINCO DELITOS EN EL CASO MARSET
El Ministerio Público atribuye a Guillermo Junior Ruiz Guzmán cinco presuntos delitos y solicitó seis meses de detención preventiva en el centro de reinserción social Qalahuma. El oficial participó en el operativo en el que fue capturado Sebastián Marset, en Santa Cruz.
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El Ministerio Público presentó una imputación formal contra el capitán de la Policía Boliviana Guillermo Junior Ruiz Guzmán, investigado por su presunta participación en la sustracción de maletas con dinero y otros objetos de valor de la vivienda vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
El oficial, que permanece en calidad de aprehendido en La Paz, es investigado por la presunta comisión de cinco delitos: peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo.
En el requerimiento presentado ante la autoridad judicial, la comisión de fiscales también identificó posibles riesgos procesales relacionados con el peligro de fuga y la obstaculización de las investigaciones. Por estos motivos, solicitó que el imputado sea enviado a detención preventiva por un periodo de seis meses.
“Solicito por el principio de objetividad a su autoridad la detención preventiva del ciudadano Guillermo Junior Ruiz Guzmán en el centro de reinserción social ‘Qalahuma’, por el plazo de 6 meses”, señala parte del documento fiscal.
La investigación está relacionada con los hechos posteriores al operativo policial ejecutado el 13 de marzo de 2026 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, procedimiento en el que fue capturado Marset. De acuerdo con los antecedentes citados en la imputación, Ruiz Guzmán fue uno de los efectivos que participó en esa intervención.
La Fiscalía busca establecer las circunstancias en las que presuntamente se sustrajeron las maletas y otros bienes del inmueble, además de determinar la posible responsabilidad de los involucrados.
La imputación formal y la solicitud de detención preventiva forman parte del proceso investigativo. La situación jurídica del capitán deberá ser definida por la autoridad judicial competente, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer los hechos.