El canciller Fernando Aramayo denunció ante la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que los bloqueos registrados durante más de 50 días en Bolivia tuvieron como objetivo desestabilizar al Gobierno del presidente Rodrigo Paz y generar una creciente presión política sobre su administración.

Durante su intervención, la autoridad afirmó que las medidas de presión provocaron graves afectaciones a la libre circulación, el abastecimiento de productos esenciales, el transporte y la actividad económica, impactando la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Aramayo sostuvo que las movilizaciones comenzaron con diversas demandas sectoriales, pero con el paso de las semanas derivaron en una confrontación política que, según dijo, buscó paralizar al país mediante el cierre de carreteras y la interrupción de servicios fundamentales.

El canciller señaló que, frente al conflicto, el Gobierno optó inicialmente por privilegiar el diálogo y evitar una escalada de violencia, diferenciando entre los sectores que expresaban demandas legítimas y aquellos que promovían acciones orientadas a la ruptura del orden democrático.

Asimismo, remarcó que el derecho a la protesta debe coexistir con el respeto a otros derechos fundamentales, advirtiendo que cuando se impide el paso de ambulancias, medicamentos o alimentos se produce una afectación directa a la población.

Durante su exposición, Aramayo también alertó sobre los riesgos que representan el crimen organizado y las redes ilícitas en escenarios de conflictividad prolongada, señalando que los Estados deben fortalecer sus instituciones para enfrentar estas amenazas.

Finalmente, agradeció el apoyo brindado por gobiernos amigos, organismos internacionales y agencias de cooperación durante la crisis, y confirmó la próxima visita a Bolivia de una misión internacional impulsada por Panamá, integrada por cancilleres y autoridades de seguridad, para conocer la situación del país.