El cabildo convocado este martes por el Comité Cívico de Cochabamba resolvió otorgar un plazo de 48 horas al Gobierno nacional para garantizar el levantamiento de los bloqueos de carreteras que afectan al país desde hace más de seis semanas. Asimismo, determinó declarar persona no grata al gobernador Leonardo Loza por su ausencia en las gestiones y convocatorias impulsadas para buscar soluciones al conflicto.
Las conclusiones fueron dadas a conocer por el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Jhonny Quintela, al finalizar el encuentro realizado en la ciudad, donde participaron representantes de distintos sectores sociales, productivos y del transporte.
Según explicó el dirigente cívico, la principal demanda es la liberación inmediata de las carreteras para restablecer el tránsito de personas y mercancías, ante las consecuencias económicas que generan los bloqueos en todo el territorio nacional.
Quintela sostuvo que la prolongación de las medidas de presión está provocando pérdidas millonarias, dificultades para el abastecimiento de alimentos y un incremento en los precios de productos de la canasta familiar, situación que afecta tanto a productores como a consumidores.
Dentro de las resoluciones aprobadas, el cabildo también exigió al Gobierno asumir acciones concretas para recuperar la normalidad en las rutas y garantizar la paz social. Además, pidió la aprehensión del expresidente Evo Morales, a quien sectores cívicos responsabilizan por la conflictividad que atraviesa el país.
Otra de las demandas planteadas es que el presidente Rodrigo Paz evalúe la aplicación de un estado de excepción como mecanismo para asegurar el desbloqueo de las carreteras y restablecer el orden.
Como medida de presión, el Comité Cívico anunció el inicio de una huelga de hambre en caso de que las exigencias no sean atendidas dentro del plazo fijado. La protesta será encabezada por dirigentes cívicos y en las próximas horas se definirán los lugares donde se instalará la medida.
Los cívicos señalaron que continuarán vigilantes al cumplimiento de las resoluciones adoptadas en el cabildo, mientras persiste la preocupación por el impacto económico y social que generan los bloqueos en diferentes regiones del país.
