El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil emitió en los últimos días una recomendación formal dirigida a las principales fuerzas de seguridad del país, incluyendo la Policía Militar, Policía Civil, Policía Federal, Policía Rodoviaria Federal, la Marina y el Ejército, para que adopten medidas inmediatas contra el garimpo ilegal a lo largo de la calha del río Madeira. Las autoridades tienen un plazo máximo de 10 días para implementar acciones concretas, incluyendo la destrucción o inutilización de más de 500 dragas utilizadas en la actividad ilícita.

La iniciativa surge luego de un informe de Greenpeace (organización ecologista y pacifista internacional) que alertó sobre los graves impactos ambientales y sociales de la minería ilegal en la región amazónica. Entre los efectos más preocupantes se destacan la contaminación por mercurio, la destrucción de ecosistemas acuáticos y la afectación a territorios cercanos a comunidades indígenas y unidades de conservación federales. Además, la actividad genera problemas sociales derivados del trabajo informal e irregular y la presencia de grupos que operan al margen de la ley.

El garimpo es una actividad minera artesanal o de pequeña escala orientada a la extracción de minerales como oro y diamantes. Se caracteriza por un bajo nivel de inversión, mínima mecanización y técnicas rudimentarias, aunque puede generar ganancias significativas. Los trabajadores, conocidos como garimpeiros, suelen operar en zonas remotas de la Amazonia, poniendo en riesgo tanto la biodiversidad como la salud de las comunidades locales.

Entre las recomendaciones del MPF se incluye la presentación, en un plazo de 15 días, de un plan emergencial que fortalezca la presencia del Estado en la región y garantice la efectividad de las medidas adoptadas. Las autoridades brasileñas subrayan la necesidad de coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad para frenar la expansión del garimpo ilegal y proteger una de las zonas más vulnerables de la Amazonia.