La escasez de diésel y gasolina que afecta a Santa Cruz y otras regiones del país ha llevado al Gobierno nacional a promulgar una ley que permite la importación privada de combustible por tres meses. La medida, sancionada por la Cámara de Diputados, faculta a empresas privadas y subsidiarios a importar diésel y gasolina, con el objetivo de aliviar la crisis mientras se agilizan los permisos y se fortalece la participación del sector privado.

En entrevista con Radio Actualidad, el ingeniero Álvaro Ríos, reconocido analista energético, explicó que la crisis actual es resultado de años de gestión deficiente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de un modelo estatal que ha debilitado la producción y distribución de energía. “YPFB está quebrada, no tiene fondos para perforar pozos ni adquirir repuestos. Se han dilapidado reservas de gas y divisas, mientras plantas e infraestructura permanecen inoperativas”, indicó.

Ríos explicó que la escasez ha generado un mercado paralelo de combustibles, donde los precios de la gasolina y el diésel oscilan entre 15 y 20 bolivianos por litro. Esta situación afecta directamente a productores, transportistas y ciudadanos que dependen del combustible para sus actividades diarias. “La economía del país está paralizada por falta de energía. Productores no pueden transportar alimentos, mototaxistas y trabajadores pasan horas haciendo cola, y las empresas cierran”, señaló.

La ley permitirá que los surtidores privados comercialicen tanto combustible importado a precio internacional como el subsidio estatal. Actualmente, ya funcionan dos surtidores de importación en Santa Cruz, y se prevé abrir estaciones similares en La Paz, Tarija y Cochabamba. La normativa busca agilizar los permisos y permitir que el sector privado juegue un rol más activo en la distribución de combustible, mientras se mantiene el control del mercado.

Sin embargo, el experto advirtió que la medida es solo un primer paso y no resuelve los problemas estructurales de YPFB. “Bolivia necesita reconstruir la empresa estatal, garantizar producción nacional y gestión profesional para que el país no dependa únicamente de importaciones”, señaló.

Ríos también destacó que el país enfrenta un desafío financiero debido a la mala administración de reservas y exportaciones previas. “Se han usado 13 trillones de pies cúbicos de gas y 67 mil millones de dólares en exportaciones, muchos recursos fueron dilapidados en proyectos que no funcionaron y gastos innecesarios”, explicó.

Finalmente, el analista enfatizó que la implementación rápida y efectiva de la ley es clave para estabilizar el abastecimiento de combustibles y evitar que la crisis continúe afectando a la economía y la vida cotidiana de los bolivianos. “La ley es necesaria, pero el cambio verdadero requiere decisiones estructurales y sostenidas. Bolivia necesita un modelo eficiente y transparente que asegure energía para el desarrollo y la vida diaria de la población”, concluyó.