En medio de la polémica por la gasolina desestabilizada, la bancada de la alianza Libre lanzó un ultimátum al Gobierno y dio un plazo de 24 horas para la renuncia de las principales autoridades del área de hidrocarburos.

El pedido alcanza al ministro Mauricio Medinaceli, al presidente de YPFB, Yussef Akly, y al director de la ANH, Freddy Zenteno, a quienes responsabilizan por la falta de soluciones frente a la crisis que afecta a distintos sectores.

Desde la bancada, el diputado Rafael López cuestionó la gestión del ministro, señalando que no ha logrado dar respuestas efectivas a la población y que, por el contrario, la situación se ha agravado en los últimos días.

La presión política se suma a las demandas de los choferes de La Paz, que en jornadas recientes protagonizaron movilizaciones y también exigieron la salida de la autoridad, denunciando incumplimientos en los pagos vinculados al combustible observado.

En esa línea, la diputada Lissa Claros advirtió que, si no se concretan las renuncias dentro del plazo fijado, se activarán otras medidas, incluyendo procesos legales contra las autoridades involucradas.

Además, la legisladora cuestionó la falta de acceso a información, asegurando que no se ha entregado documentación solicitada ni se han respondido de manera satisfactoria las solicitudes de informe e interpelaciones.

Mientras tanto, YPFB informó que inició el pago de compensaciones a los afectados por la gasolina desestabilizada, a través del Banco Unión, con un desembolso inicial de Bs 2,5 millones.

Según el presidente de la estatal, más de 700 personas ya fueron indemnizadas y se prevé ampliar el número de beneficiarios en los próximos días, conforme avance el registro de afectados.