La propietaria del predio Patuju, María José Cabrera, denunció un ataque violento en su propiedad, ubicada en el municipio de Montero, donde más de 100 personas ingresaron con el rostro cubierto, armados, causando destrozos y poniendo en riesgo la vida de quienes se encontraban en el lugar.

Según Cabrera, durante el incidente su esposo fue secuestrado y varias personas resultaron heridas. “Estamos con personas heridas dentro de la propiedad, hay destrozos y mi marido está prisionero. Exigimos a la policía y a las autoridades que intervengan y restablezcan el orden. No podemos continuar con estos avasallamientos”, afirmó.

La producción agrícola y ganadera del predio también sufrió graves daños. Cabrera denunció que los invasores robaron ganado y destruyeron separadillos de animales durante la época de cosecha. “Nos están destruyendo los separadillos, han robado nuestro ganado y están matando vacas. Necesitamos el apoyo urgente de la policía”, agregó.

Este hecho se produce en un contexto de creciente conflictos por tierras en la región. Productores agropecuarios de la zona norte de Montero señalaron que los avasallamientos afectan predios dedicados a la caña de azúcar y la ganadería, muchos de ellos con títulos legales y más de un siglo de posesión familiar.

“Estas propiedades están tituladas y saneadas. No puede ser que la gente esté invadiendo predios privados de este tipo”, declaró un productor vecino, quien expresó su preocupación por los daños a la producción y al medioambiente.

Los agricultores también alertaron sobre un posible riesgo ambiental, donde se encuentra una reserva forestal. “Nos preocupa que talen árboles, porque cuando regresen las riadas se afectará a todas las propiedades”, añadieron.

El abogado de la familia Vaca Díez, propietaria de uno de los predios afectados, precisó que la finca originalmente comprendía 1.200 hectáreas, de las cuales actualmente se mantienen 303, y que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ya concluyó el trámite de saneamiento, existiendo una Resolución Suprema que confirma la legalidad del título de propiedad. “Estas no son tierras fiscales. Existe un título antiguo emitido desde la Reforma Agraria, lo que ratifica que se trata de propiedad privada. La vía correcta no es la invasión”, indicó Hugo Miranda.

Ante la gravedad de los hechos, los productores de la región declararon estado de alerta y emergencia, solicitando a las autoridades policiales y judiciales que actúen “con mano dura” para frenar el avance de los asentamientos ilegales.