LA PAZ – Ante la recurrente inestabilidad económica y social provocada por los cortes de ruta, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) analiza al menos tres iniciativas legales que buscan sacar a Bolivia de su excepcionalidad regional: actualmente es el único país de la zona donde bloquear vías públicas no es considerado un delito penal.
Las propuestas, radicadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, coinciden en la necesidad de sancionar con cárcel no solo a quienes ejecutan el bloqueo, sino también a quienes lo instigan, planifican o financian.
Es la propuesta con mayor avance y cuenta con el respaldo del Gobierno del presidente Rodrigo Paz. El proyecto, impulsado por el diputado Carlos Alarcón, establece un sistema de penas progresivas y sumatorias:
- Bloqueadores activos: 3 a 6 años de cárcel.
- Organizadores y financistas: 5 a 8 años de cárcel.
- Actos violentos o uso de explosivos: 10 a 20 años de cárcel.
- Pena Sumatoria: Las sanciones por otros delitos cometidos durante la protesta se sumarán a la pena principal, pudiendo alcanzar el máximo constitucional de 30 años de privación de libertad.
Presentada por la senadora Claudia Mallón, esta iniciativa busca reformar directamente el Artículo 213 del Código Penal. Su enfoque principal es agravar las penas por atentados contra la seguridad de los medios de transporte, proponiendo una sanción base de 8 a 10 años de cárcel para cualquier forma de bloqueo que interrumpa la libre locomoción.
Propuesta por el diputado Luis Laredo, este anteproyecto busca un «equilibrio constitucional». A diferencia de los anteriores, intenta blindar la protesta pacífica mientras sanciona exclusivamente las medidas extremas que generen daños masivos a la productividad, la salud y el derecho a la circulación.
El debate ha generado reacciones encontradas en diversos sectores:
- Respaldo Policial: El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Manolo Rojas, propuso que la ley incluya un bono o incentivo económico para los efectivos policiales enviados a la «primera línea» para desbloquear rutas, debido al riesgo que corren ante el uso de dinamita y otros explosivos.
- Rechazo de la COB: La Central Obrera Boliviana (COB) emitió un comunicado rechazando la «criminalización de la protesta». Sostienen que el bloqueo es la «última carta» de los trabajadores cuando el Estado cierra los canales de diálogo. Cabe recordar que el reciente bloqueo de la COB contra el Decreto 5503 generó pérdidas estimadas en $us 120 millones en solo seis días.
Las comisiones de Constitución y Justicia Plural han conformado una comisión integrada para unificar estos proyectos en un solo texto normativo que será debatido en el pleno en las próximas semanas.
