Tras casi cinco horas de debate, las instituciones cruceñas aprobaron cinco demandas y advirtieron con activar movilizaciones escalonadas si el Ejecutivo no presenta respuestas hasta el Día de la Democracia.
La Asamblea de la Cruceñidad concluyó este miércoles con un plazo dirigido al Gobierno nacional para atender la crisis de abastecimiento de combustibles y otras demandas planteadas por las instituciones de Santa Cruz. La fecha fijada es el 10 de octubre, jornada en la que se conmemora el Día de la Democracia en Bolivia.
La determinación fue asumida después de casi cinco horas de intervenciones de representantes de diferentes sectores, autoridades departamentales y municipales, quienes expusieron sus posiciones sobre la situación económica y el suministro de carburantes que afecta a distintos sectores productivos y a la población.
Al finalizar la reunión, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, dio lectura a las resoluciones aprobadas por la Asamblea.
Entre los principales pedidos figura la restitución de competencias y recursos a gobernaciones, municipios y universidades públicas en áreas como salud, educación e infraestructura.
También se exigió al Ejecutivo incorporar en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 la propuesta del denominado 50-50, planteada como una forma de garantizar que una parte de los recursos generados en cada departamento permanezca en las regiones para su administración directa.
Piden cambios en el mercado de combustibles
La Asamblea también demandó la liberación de la importación, distribución y comercialización de combustibles, además de la reducción de cargas impositivas que, según los representantes cruceños, permitan disminuir el costo final de los carburantes y evitar un mayor impacto en los precios de la canasta familiar.
Otro de los puntos aprobados plantea terminar con el monopolio en el sector de hidrocarburos y acelerar alternativas como la producción de biocombustibles y la explotación de reservas de crudo, con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones.
Asimismo, los cívicos exigieron una investigación y depuración de las estructuras de YPFB y la ANH, además de identificar y procesar a quienes resulten responsables de hechos de corrupción.
Advierten con movilizaciones
La resolución establece que, si el Gobierno no atiende las demandas hasta el 10 de octubre, el presidente cívico queda facultado para activar un plan de medidas escalonadas de presión, en coordinación con las instituciones que integran la Asamblea de la Cruceñidad.
Cochamanidis también pidió a los representantes de Santa Cruz en la Asamblea Legislativa Plurinacional actuar antes de que se cumpla el plazo, con la finalidad de gestionar respuestas y evitar que el conflicto derive en nuevas medidas de presión.
Al concluir la Asamblea, el dirigente cívico afirmó que, si no existen soluciones, las movilizaciones comenzarían el 10 de octubre y no descartó la convocatoria a un cabildo para que la población determine las siguientes acciones.
De esta manera, la institucionalidad cruceña puso una fecha límite sobre la mesa y dejó abierta la posibilidad de iniciar nuevas acciones de presión si considera que el Gobierno nacional no responde a las demandas planteadas.