ARRESTAN A FUNCIONARIO DE MIGRACIÓN POR PRESUNTOS COBROS ILEGALES EN VIRU VIRU
El trabajador fue arrestado tras una denuncia por supuestas exigencias económicas a seis ciudadanos bangladesíes que no pudieron ingresar a Bolivia. Los denunciantes también reportaron presuntos maltratos durante su permanencia en el aeropuerto.
Por Actualidad Contenidos ·
Un funcionario de la Dirección General de Migración fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, luego de ser denunciado por presuntamente exigir dinero a seis ciudadanos de Bangladesh que fueron inadmitidos en territorio boliviano. El caso es investigado por la presunta comisión del delito de concusión.
De acuerdo con el informe policial, la denuncia fue formalizada el 17 de octubre por la abogada Brigitte Erlinda Tomelith Sofran, quien puso en conocimiento de las autoridades supuestas irregularidades en los procedimientos migratorios, además de posibles hechos de abuso de autoridad.
En el marco de las verificaciones, los seis ciudadanos extranjeros prestaron sus declaraciones con ayuda de un traductor telefónico. Según el reporte, manifestaron que habrían sufrido agresiones físicas y verbales, además de denunciar que no recibieron alimentación durante su permanencia en el lugar.
Los denunciantes también afirmaron que les solicitaron 1.000 dólares a cada uno y que finalmente habrían entregado 500 dólares por persona. En sus declaraciones, señalaron a un funcionario identificado como Edgar Alfredo C.C., quien presuntamente los habría presionado con la amenaza de anular sus visados si no accedían al pago.
El trabajador fue localizado y arrestado aproximadamente a las 17:40, para posteriormente ser entregado a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en el área especializada en hechos de corrupción.
Como parte de la investigación, se procedió al secuestro de un teléfono celular, una tarjeta bancaria y documentación relacionada con los ciudadanos extranjeros. Asimismo, los investigadores revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y recabaron registros del personal que se encontraba de turno, además de las actas de inadmisión correspondientes.
Las diligencias se desarrollaron con la participación de la fiscal de materia Tatiana Plata. Sin embargo, la información disponible no establece si el funcionario fue imputado ni qué medidas legales se dispusieron posteriormente en su contra.
El Ministerio Público deberá esclarecer las circunstancias de los presuntos cobros y verificar las denuncias de maltrato para determinar las responsabilidades correspondientes.