Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situaciones de emergencia, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1657, de carácter corta, excepcional y transitoria. La normativa permite que el sector privado importe y comercialice combustibles, aunque a precios superiores a los de las estaciones con subsidio, advirtió el mandatario.
Arce explicó que la medida busca proteger la subvención estatal y evitar un impacto inmediato en la economía de las familias. “La libre importación y comercialización establecida en esta ley generará precios más altos que los que se comercializan con subsidio, por lo que su efecto en los hogares será directo si se generaliza”, señaló.
Desde el inicio de su gestión, el Gobierno ha promovido iniciativas para facilitar la importación de carburantes, incluyendo el Decreto Supremo 5218 de septiembre de 2024, que simplificó los requisitos legales y técnicos para que personas naturales, empresas, cooperativas y asociaciones puedan importar combustible de manera ágil, completando trámites en 5 a 10 días en lugar de hasta un año.
Actualmente, 72 empresas cuentan con permisos de importación: 39 para consumo propio, 26 para comercialización y 10 para venta directa. Entre enero y septiembre de 2025, se importaron 45.314 m³ para consumo propio y 17.785 m³ para comercialización.
El presidente afirmó que todas las disposiciones buscan asegurar el suministro de combustibles en el país y que no se ha bloqueado ninguna iniciativa que contribuya a resolver la escasez. Asimismo, se han emitido resoluciones ministeriales para reglamentar los procedimientos de autorización, control y supervisión de importaciones, así como los mecanismos arancelarios y de comercialización.
“Estas medidas refuerzan nuestra política de garantizar el abastecimiento de combustibles sin afectar la subvención estatal y asegurar que llegue a todos los bolivianos de manera eficiente”, concluyó Arce.
