El Gobierno confirmó este domingo que el presidente Luis Arce deberá permanecer en el país hasta el 8 de febrero de 2026, tres meses después de dejar el cargo. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, explicó que la Ley 1352 impide a los mandatarios salientes abandonar el territorio nacional durante ese periodo.
“El arraigo ya está vigente. Quienes terminan su gestión no pueden viajar hasta tres meses después”, detalló. Según esa norma, Arce entregará el mando el 8 de noviembre y solo podrá salir del país a partir de febrero del próximo año.
El tema cobró relevancia tras el pedido del abogado Christian Mina Aguilar, quien la pasada semana solicitó a Migración que formalice el arraigo del presidente, del vicepresidente David Choquehuanca y de todo el gabinete ministerial. El recurso, planteado bajo el amparo de la Ley 1352, busca asegurar que las autoridades cumplan con la restricción.
Más allá de la obligatoriedad legal, desde el oficialismo remarcan que Arce no tiene intención de marcharse. Prada recordó que el mandatario fue “absolutamente claro” al señalar que permanecerá en Bolivia tras concluir su mandato. Ella misma adelantó que tampoco dejará el país: “Estoy con la conciencia tranquila, me quedaré en Santa Cruz, junto a mi familia”.
El arraigo presidencial se convierte así en un elemento político adicional en medio de la cuenta regresiva hacia las elecciones de 2025, donde el MAS busca preservar la continuidad de su proyecto y la oposición exige responsabilidades por la gestión actual.
