El fallo deja sin efecto la apertura del proceso iniciado en 2009 contra exministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La resolución dispone además el cese de medidas restrictivas y órdenes de aprehensión, aunque debe ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró la “nulidad de pleno derecho” de la apertura del juicio de responsabilidades iniciado en 2009 contra exministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, por los hechos registrados en octubre de 2003, durante la denominada “guerra del gas”.
Entre los beneficiados por la resolución se encuentra José Carlos Sánchez Berzaín, quien ejerció como ministro de Defensa durante la administración de Sánchez de Lozada, además de otros exministros vinculados al proceso por los hechos ocurridos en octubre de 2003.
La decisión fue emitida después de una acción de libertad presentada ante la justicia constitucional. En su resolución, la Sala sostiene que el proceso y las actuaciones derivadas de la apertura del juicio no tendrían eficacia jurídica, por lo que ordena dejar sin efecto sus consecuencias.
Como parte de la determinación, también se dispone el cese de las medidas restrictivas y órdenes de aprehensión que pesaban contra los exministros alcanzados por el fallo.
La resolución tendrá aplicación inmediata
La Sala Constitucional determinó que su decisión tiene aplicación inmediata. Sin embargo, el fallo deberá ser remitido en consulta de oficio al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que tendrá que revisar la determinación y pronunciarse sobre su validez.
Mientras se desarrolla ese procedimiento, los efectos establecidos por la Sala Constitucional deben ser considerados conforme a los alcances de la resolución emitida.
Un proceso abierto desde 2009
El juicio de responsabilidades fue promovido años después de los acontecimientos de octubre de 2003, cuando una serie de protestas sociales contra las políticas relacionadas con la exportación de gas derivaron en una escalada de violencia y enfrentamientos.
Los hechos dejaron decenas de personas fallecidas y cientos de heridos y marcaron el final del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció a la Presidencia en octubre de ese año.
Sánchez Berzaín abandonó Bolivia junto con Sánchez de Lozada tras la salida del entonces mandatario del poder y posteriormente obtuvo asilo político en Estados Unidos.
La nueva resolución judicial reabre el debate sobre la situación jurídica de los exministros procesados por los acontecimientos de 2003 y deja ahora en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional la revisión de la decisión adoptada por la Sala Constitucional de Cochabamba.