La expresidenta Jeanine Áñez vuelve a la escena judicial con un segundo recurso extraordinario de revisión, esta vez con un objetivo claro: lograr su absolución y dejar sin efecto la condena de 10 años que pesa sobre ella desde junio de 2022.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso y sorteó una magistrada para evaluar los argumentos de la defensa. Según Rómer Saucedo, presidente del TSJ, la primera presentación había sido declarada inadmisible por formalidades, mientras que el segundo recurso está ahora en revisión para determinar su viabilidad.

A diferencia del primer intento, que buscaba la nulidad total del proceso, la defensa —encabezada por el abogado Luis Guillén— enfoca su estrategia en demostrar fallas procesales, irregularidades y violaciones al debido proceso. Guillén asegura que Áñez fue juzgada “sin ser escuchada y sin que se valoraran sus pruebas”, y que la sentencia se construyó sobre la culpabilidad asumida, más que sobre la verdad de los hechos.

El caso se centra en los eventos del 10 al 12 de noviembre de 2019, cuando Áñez, entonces senadora, asumió la presidencia tras la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera. La defensa sostiene que no se tomó en cuenta el contexto político ni se citó a Morales y García Linera, supuestas víctimas de la acusación.

Desde la parte querellante, el abogado Jorge Nina calificó el recurso como “inviable” y recordó que un Auto Constitucional (173/2025) ya declaró inadmisibles solicitudes de este tipo, argumentando que la vía judicial se encuentra agotada.

El pronunciamiento de la magistrada aún no tiene fecha, aunque se prevé que se resuelva “en los próximos días”. Mientras tanto, Áñez permanece recluida en el penal de Miraflores cumpliendo su sentencia por el caso “Golpe I”.

El caso Áñez sigue siendo un tema sensible en la política y la justicia del país. La resolución de este recurso no solo definirá el futuro legal de la expresidenta, sino que también puede reabrir el debate sobre la independencia judicial y la aplicación de los juicios de responsabilidades frente a autoridades electas.