El exdiputado presentó una denuncia penal contra el vicepresidente por la difusión de audios de conversaciones privadas. Barral sostiene que las grabaciones fueron manipuladas y cuestiona el origen de los registros divulgados.

El exdiputado Amilcar Barral informó este miércoles que presentó una denuncia penal contra el vicepresidente Edmand Lara, a quien acusa de divulgar grabaciones de conversaciones privadas sin autorización.

Según Barral, la acción legal fue planteada con base en disposiciones de la Constitución Política del Estado y del Código Penal relacionadas con la protección de las comunicaciones privadas. El exlegislador cuestionó que se hagan públicos audios de llamadas sin que se conozca cómo fueron obtenidos.

La denuncia surge después de que Lara difundiera grabaciones atribuidas a conversaciones de Barral con un efectivo policial. El exdiputado reconoció que el audio corresponde a una conversación suya, pero aseguró que el contenido habría sido manipulado.

Barral rechazó además que el registro contenga referencias a hechos de corrupción, movimientos de dinero o actividades delictivas. Explicó que, desde su perspectiva, se trataba de comentarios y observaciones relacionados con asuntos de interés nacional.

El exdiputado también cuestionó las explicaciones de Lara sobre el origen de los audios. Señaló que el vicepresidente ha mencionado que recibe las grabaciones a través de una fuente, pero que hasta ahora no se habría precisado cómo se obtienen esos registros.

En sus declaraciones, Barral vinculó la difusión de las conversaciones con anteriores cuestionamientos que realizó contra Lara por distintos aspectos de su gestión y por situaciones relacionadas con sus actividades públicas.

“No voy a permitir que me vengan a grabar mis conversaciones”, afirmó Barral, al anunciar que continuará con la denuncia presentada ante las instancias correspondientes.

La controversia se suma a la serie de intercambios públicos entre ambas autoridades, mientras se espera que las instancias competentes determinen si existe alguna responsabilidad legal en la obtención y difusión de las grabaciones cuestionadas.