En un acto oficial encabezado por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, Alexander Mendoza fue posesionado este martes como nuevo Fiscal Departamental del Beni, en reemplazo de Gerardo Balderas, quien habría recibido amenazas que motivaron su alejamiento del cargo.

Durante la ceremonia, Mariaca destacó la importancia de una gestión comprometida con la ciudadanía y firme en la lucha contra la impunidad. “Es fundamental que el Ministerio Público mantenga una relación cercana con el pueblo, actuando con independencia, legalidad y objetividad”, afirmó.

En su primera declaración pública, Mendoza agradeció la confianza depositada en su persona y aseguró que asumirá su rol con “humildad, compromiso y lealtad”. Además, resaltó que su gestión estará orientada a consolidar una Fiscalía transparente, accesible e inclusiva: “Queremos una Fiscalía de puertas abiertas a la población, sin discriminación de ningún tipo. La atención será equitativa y al servicio de todos los ciudadanos del Beni”.

El nuevo fiscal subrayó que su labor se alineará a los principios institucionales del Ministerio Público, priorizando la objetividad y el respeto irrestricto a la legalidad. “La ciudadanía debe confiar en que actuaremos con firmeza y justicia”, concluyó.

Por su parte, el Fiscal General del Estado aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Gerardo Balderas, reasignado recientemente a nuevas funciones en otro departamento del país. “Estamos comprometidos con la integridad de nuestros funcionarios. El exfiscal Balderas cuenta con todo el respaldo del Ministerio Público, y su seguridad está plenamente garantizada”, enfatizó Mariaca.

Asimismo, reafirmó que la lucha contra el crimen en Beni se mantendrá con firmeza y continuidad. “El Ministerio Público no bajará la guardia. Seguiremos trabajando con decisión para combatir toda forma de criminalidad en la región”, añadió.

El acto se produce en un contexto de intensificación de operaciones contra organizaciones delictivas en el oriente boliviano, donde los fiscales han enfrentado presiones y amenazas derivadas de su labor.