En medio de los anuncios de reordenamiento, el Gobierno Municipal aprobó el reglamento de la Ley de Movilidad Urbana, que norma no solo al transporte público, sino que también establece sanciones económicas por infracciones viales para los conductores particulares, que van desde los Bs 50 hasta los Bs 500.

La normativa fue promulgada el 25 de abril por el alcalde Jhonny Fernández y entró en vigencia el 9 de mayo con la publicación en la gaceta oficial. De inmediato surgieron observaciones de parte de concejales opositores y sectores del transporte, que cuestionan la falta de consenso y algunas de las sanciones. Conductores también observan que la normativa da pie al pago de multas dobles por una misma infracción, ya que las faltas de tránsito son normadas por el Código de Tránsito.

El reglamento consta de 282 artículos y norma toda la actividad del transporte y el tráfico en la ciudad. En el caso de los conductores particulares y choferes en general, conducir sin llevar puesto el cinturón de seguridad y circular sin respetar la distancia lateral mínima de 1,5 metros es sancionada, en una primera instancia con una llamada de atención, pero la reincidencia es considerada una falta grave que tiene multas que van entre Bs 50 y Bs 200.

También es considerada una falta grave circular por vías exclusivas para bicicletas o canales de transporte público, hacerlo transportando cargas excesivas y sin cumplir con el horario establecido, agredir de manera física y verbal u obstaculizar la labor de los agentes viales o guardias municipales. La sanción por una primera vez es de Bs 50, la segunda de Bs 100 y la tercera de Bs 200.

Son consideradas infracciones muy graves no respetar los límites de velocidad, hacer uso del teléfono móvil o cualquier dispositivo digital que distraiga la atención del conductor, circular sin placa de control vehicular, entre otras disposiciones. Las sanciones van desde Bs 200 hasta Bs 500.

También se establecen normas y sanciones para los peatones y para los conductores del transporte urbano de todas las modalidades.

Al respecto, el concejal de C-A, José Alberti, observa que dicho reglamento haya sido aprobado a espaldas del Concejo, de las instituciones y de los vecinos, por lo que lo considera arbitrario. “No se puede imponer sanciones, prohibiciones sin consultar al Concejo y a las instituciones”, señaló.

EL DEBER