Desde Santa Cruz, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, expresó su preocupación por el presunto desvío de 15.000 millones de dólares durante la anterior administración estatal. Según Zambrana, empresas como EMAPA y YPFB habrían sido utilizadas como “caja chica”, afectando la economía nacional y provocando la necesidad de importar gas y GLP, medida que podría elevar los costos de la canasta familiar.
Ciudadanos, instituciones cívicas y autoridades nacionales exigen que estos recursos sean recuperados de manera inmediata. Ante esta situación, el presidente Rodrigo Paz ratificó que las investigaciones continúan avanzando y aseguró que no se permitirá impunidad. Las denuncias señalan la participación de exfuncionarios y grupos de poder en una red de desvío sistemático de fondos, lo que habría impactado directamente la estabilidad económica del país.
La Comisión de la Verdad y la Contraloría General del Estado mantienen abiertas las investigaciones, mientras la población exige sanciones ejemplares y la restitución completa de los recursos públicos.
El gobierno aseguró que se están adoptando todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y restablecer la confianza en las instituciones estatales.
