Una adolescente de 16 años falleció la tarde del lunes 23 de febrero tras ser atropellada por un micro de transporte público en la zona del Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El hecho se registró aproximadamente a las 13:30 en la intersección de la avenida arroyito. El vehículo involucrado es un micro de la línea 81, interno 105, conducido por Óscar Laime Quispe, de 27 años.

De acuerdo con el informe del subdirector de Tránsito interino, Miguel Burgoa, la víctima —identificada como Brenda Alicia S.— fue auxiliada y trasladada a la clínica San Isidro, donde perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

El conductor fue aprehendido y permanece en dependencias policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, en la que la autoridad jurisdiccional definirá su situación jurídica en base al informe técnico-circunstanciado elaborado por el investigador asignado al caso.

Según el reporte de laboratorio, el conductor dio negativo a la prueba de alcoholemia, estableciéndose que se encontraba sobrio al momento del accidente. Asimismo, tras la verificación en los sistemas policiales, se confirmó que no registra antecedentes por hechos anteriores de tránsito.

En relación con las circunstancias del hecho, algunos testigos señalaron que el micro presuntamente circulaba a una velocidad considerable. Vecinos del sector indicaron que la adolescente se encontraba cruzando la vía al momento del impacto. No obstante, la Unidad de Tránsito continúa con las investigaciones para establecer con precisión las causas y determinar posibles responsabilidades.

Por su parte, Sandra Díaz, madre de la menor, manifestó entre lágrimas que su hija tenía muchos sueños por cumplir y que era una adolescente tranquila que no solía salir sola. Señaló que habitualmente la acompañaba al colegio, pero que ese día, por circunstancias imprevistas, no pudo hacerlo. La progenitora pidió a las autoridades que se haga justicia por la muerte de su hija.

La autoridad policial reiteró que, de comprobarse infracciones a la normativa vigente, podrían aplicarse sanciones administrativas, incluida la suspensión de la licencia de conducir, además de las responsabilidades penales que determine la instancia judicial competente.