Un grupo de operadores del servicio de transporte interdepartamental e interprovincial tomó esta semana las instalaciones de la Terminal Bimodal, suspendiendo la atención a los usuarios hasta que el administrador, Marco Antonio García, renuncie, acusándolo de presuntas irregularidades y cobros excesivos en la institución.
García descartó abandonar el cargo y aseguró que la terminal no está cerrada, sino que ha sido “ocupada” por estas personas. Indicó que la Policía se encuentra en el lugar, resguardando las instalaciones estatales y mediando en el conflicto.
Auditoría revela contratos irregulares
El administrador explicó que desde su ingreso al cargo el 26 de noviembre, se instruyó una auditoría interna para revisar los procesos de contratación, licitación y manejo de bienes de la terminal. El análisis detectó contratos irregulares tanto con personal administrativo como con empresas de transporte.
García señaló que los contratos siguen la Ley 181, que permite un incremento anual del 3%, pero alertó sobre irregularidades en la cantidad de voceadores dentro de la terminal. Mientras el reglamento permite un máximo de dos o tres por flota, algunas empresas contaban con hasta 10, lo que generó tensiones entre los operadores.
Reordenamiento provoca rechazo de un grupo
El conflicto se intensificó cuando la administración intentó reordenar los espacios y regular el número de voceadores. Según García, solo un pequeño grupo de 20 a 30 personas se opone a estas medidas y estaría presionando a otros trabajadores a cerrar sus casetas.
“Alegan que se vulneran sus derechos, pero el problema es un grupo reducido que se niega a colaborar con el orden de la Terminal”, explicó el administrador.
García negó las acusaciones de extorsión y precisó que no existe ninguna denuncia formal ante las autoridades. Sin embargo, advirtió que, de comprobarse irregularidades, se iniciarán procesos administrativos y penales contra los responsables.
Posibles delitos durante la toma
Durante la ocupación, según el administrador, se habrían cometido delitos como privación de libertad y daños a bienes del Estado, al impedir el ingreso de personal y la salida de funcionarios. García aseguró que existen videos que identifican a los involucrados, los cuales fueron entregados a las autoridades competentes.
El administrador reiteró que no renunciará mientras no exista una instrucción oficial del Ministerio correspondiente y rechazó el uso de la fuerza en las protestas o cualquier intervención policial.
