Un acta interna del Fondo Indígena, fechada el 23 de noviembre de 2009, salió nuevamente a la luz y expone que Luis Arce, entonces ministro de Economía, reconoció que la normativa vigente no permitía realizar transferencias de recursos públicos a cuentas particulares, como exigían organizaciones del Pacto de Unidad. El documento plantea nuevas interrogantes en la investigación que actualmente involucra al exmandatario.

La reunión, realizada en Tarija cuando el Fondo Indígena recién comenzaba sus operaciones, abordó la posibilidad de entregar recursos estatales directamente a representantes sociales. Durante el encuentro, el funcionario Ramiro Burgos consultó si existía un marco legal que avalara las llamadas “transferencias público-privadas”.

Sandra Paredes, integrante del directorio en ese entonces, señaló que en 2009 esa figura no estaba permitida y que el reglamento específico aún se encontraba en elaboración. Indicó, además, que la Ley Financial vigente no contemplaba ninguna modalidad para depositar dinero público en cuentas particulares.

Ante esas observaciones, Arce intervino y admitió que la limitación legal era real. “En la Ley Financial no se contempla”, habría dicho, aunque sugirió continuar elaborando proyectos mientras se esperaba una nueva Ley Financiera para 2010, la cual —según él— habilitaría este tipo de operaciones.

Indicios de irregularidades en el manejo del Fondo

El contenido del acta también registra la aprobación de compras de bienes, pese a que el Fondo Indígena estaba diseñado exclusivamente para financiar proyectos productivos y agrícolas en beneficio de comunidades campesinas. Este tipo de adquisiciones —viviendas, vehículos u otros bienes para dirigentes del Pacto de Unidad— no formaba parte de las competencias del Fondo.

La documentación fue inicialmente considerada como un indicio clave durante las primeras fases de la investigación, impulsada por autoridades anticorrupción de ese periodo. Según las mismas fuentes, cuando se intentó ampliar la indagación hacia Arce y otros miembros del directorio, surgieron presiones y tensiones institucionales que derivaron incluso en procesos contra quienes dirigían la pesquisa.

Aprehensión y silencio de Arce ante el Ministerio Público

Como parte del proceso en curso, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Luis Arce, quien fue trasladado a dependencias policiales en La Paz. Durante su comparecencia, decidió acogerse al silencio, pese a que se le presentaron elementos que lo vincularían con la aprobación de transferencias irregulares a dirigentes sociales.

El Ministerio Público le atribuye presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Según las estimaciones fiscales, el daño económico generado por las irregularidades del Fondo Indígena asciende a aproximadamente Bs 925 millones.

Expertos advierten falta de respaldo normativo

Especialistas en economía pública señalan que cualquier mecanismo para transferir recursos a cuentas particulares requería una regulación específica, diferente a la Ley Presupuestaria anual. Los proyectos financiados por el Fondo eran de ejecución plurianual, lo que hacía aún más difícil encuadrarlos dentro de la Ley Financial vigente en 2009.

Desde el análisis técnico, se concluye que no existían condiciones legales que permitieran autorizar depósitos de fondos estatales en cuentas personales vinculadas a organizaciones sociales, lo que refuerza las dudas sobre la legalidad de las operaciones realizadas en ese periodo.

FUENTE: EL DEBER