La tensión entre el Gobierno y el Órgano Judicial subió de nivel este martes luego del cruce de declaraciones por la crisis presupuestaria que denuncia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Mientras el Ejecutivo cuestionó la advertencia de un paro judicial, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, respondió con duras críticas y dejó claro que las medidas de presión siguen sobre la mesa si no prosperan las negociaciones.

Desde Buena Vista, en Santa Cruz, Saucedo defendió la declaratoria de emergencia del Órgano Judicial y rechazó las observaciones del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien calificó de «inaudita» la posibilidad de un paro escalonado si en 20 días no existe una respuesta del Gobierno.

«A los magistrados nos sobra lo que a su Gobierno le falta», afirmó Saucedo, para luego responsabilizar a la clase política por la situación que atraviesa la administración de justicia. «Es totalmente inaudito y reprochable, pero ¿quiénes son los responsables? Los políticos», sostuvo.

La autoridad insistió en que el reclamo no tiene como objetivo mejorar salarios, sino garantizar recursos para el funcionamiento de los juzgados y hacer viable una reforma judicial. Recordó que el Presupuesto General del Estado destina apenas el 0,35% al Órgano Judicial, monto que, según dijo, resulta insuficiente para cubrir incluso gastos básicos como material de escritorio o la modernización de los sistemas informáticos.

Saucedo remarcó que cualquier transformación del sistema judicial requiere financiamiento. «Las ideas están y las buenas intenciones también, pero no se pueden hacer reformas sin recursos», señaló.

No obstante, aseguró que antes de activar cualquier medida de presión se buscará una salida mediante el diálogo. En ese sentido, planteó una reunión con el presidente, su gabinete y la Asamblea Legislativa para discutir tanto el incremento presupuestario como los proyectos de ley impulsados por el TSJ, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

El Órgano Judicial mantiene un plazo de 20 días para recibir una respuesta a sus demandas, mientras el conflicto con el Ejecutivo continúa escalando en el plano político.