El acto de posesión fue anunciado para este lunes, pero el vicepresidente Edmand Lara cuestionó el procedimiento y dijo que no lo posesionará por ahora hasta revisar el marco legal.
José Armando Urioste Viera debe ser posesionado este lunes como fiscal general interino, luego de ser elegido por más de dos tercios de la Asamblea Legislativa durante una sesión que se extendió por unas 20 horas.
La designación se concretó la madrugada del sábado, después de cinco votaciones en las que los legisladores no lograron alcanzar el respaldo necesario para ninguno de los candidatos, entre ellos Gonzalo Flores, propuesto por el PDC.
Cuando la elección quedó empantanada, la directiva planteó reiniciar el proceso y surgió el nombre de Urioste, abogado nacido en Chuquisaca y criado en Beni. Tras revisar su trayectoria, las diferentes bancadas respaldaron su candidatura como una alternativa de consenso.
A las 06:22, el presidente en ejercicio de la Asamblea, Diego Ávila, pidió a los legisladores que apoyaban a Urioste ponerse de pie y levantar la mano. Tras el conteo, anunció que había más de dos tercios a favor de su designación.
Urioste, tras conocer la decisión, manifestó su compromiso de impulsar cambios en el Ministerio Público y aseguró que buscará una Fiscalía transparente.
“El compromiso es tener un Ministerio Público limpio, transparente y hacer las cosas bien”, afirmó.
El analista y expresidente del Senado Óscar Ortiz señaló que el conflicto podría trasladarse al ámbito constitucional y sostuvo que el respaldo de dos tercios obtenido por Urioste en la Asamblea constituye el principal elemento de la designación.
La elección de Urioste se produjo después de que la Asamblea modificara la Ley Orgánica del Ministerio Público y suspendiera definitivamente a Róger Mariaca, quien enfrenta procesos por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.
Así, la jornada de este lunes queda marcada por la expectativa sobre la posesión del nuevo fiscal general interino y por la controversia institucional surgida alrededor del procedimiento.
