La Asamblea Legislativa Plurinacional debate este viernes la situación del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y la validez de la asunción de Luis Montaño como autoridad interina del Ministerio Público. Legisladores plantean distintas interpretaciones sobre el procedimiento que corresponde aplicar.ACTUALIDAD FERIAL

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) instaló pasadas las 10:00 de este viernes la sesión convocada para analizar la situación del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, quien fue aprehendido la noche del miércoles en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz y posteriormente trasladado a La Paz.

La sesión fue convocada inicialmente para una fecha posterior; sin embargo, el presidente del Senado, Diego Ávila, quien ejerce temporalmente la presidencia de la ALP ante la ausencia del vicepresidente Edmand Lara, decidió adelantar el tratamiento para esta jornada.

El debate legislativo tiene como uno de sus principales puntos la situación institucional de la Fiscalía General del Estado y la continuidad de sus funciones tras la aprehensión de Mariaca.

Uno de los temas que genera mayor discusión es la asunción de Luis Montaño, quien anunció que asumiría como fiscal general interino después de la aprehensión de Mariaca. Algunos legisladores cuestionan que esta decisión se haya producido sin una resolución expresa de la Asamblea Legislativa.

El diputado Manolo Rojas, presidente de la Comisión de Justicia Plural, sostuvo que la Ley 260 establece las causales de cesación del fiscal general y afirmó que cualquier procedimiento relacionado con una eventual suplencia debe ser tratado por la ALP.

Rojas también señaló que, hasta el momento, no existiría una acusación formal contra Mariaca y cuestionó que Montaño hubiera asumido la máxima representación del Ministerio Público sin una determinación legislativa.

Asamblea analiza posibles escenarios

Durante la sesión, Ávila explicó que los legisladores conocerán la información relacionada con la aprehensión de Mariaca y analizarán los aspectos jurídicos e institucionales derivados del caso.

La senadora Tomasa Yarhui sostuvo que, si existe un vacío en la conducción de la Fiscalía, corresponde que la Asamblea analice la elección de una nueva autoridad titular.

En la misma línea, el diputado Alejandro Reyes señaló que el Legislativo deberá evaluar diferentes alternativas para garantizar el funcionamiento del Ministerio Público.

La diputada Lissa Claros planteó que primero debe establecerse con precisión la situación jurídica de Mariaca para determinar si corresponde una suplencia temporal o definitiva. Mientras tanto, el diputado Ruddy Pantaleón pidió que cualquier decisión sea adoptada respetando el debido proceso.

Régimen especial para el fiscal general

El debate también incorpora las normas que regulan la responsabilidad de las altas autoridades del Ministerio Público.

Según la explicación del abogado penalista y exfiscal Joadel Bravo, el fiscal general cuenta con un régimen especial cuando es investigado por hechos vinculados al ejercicio de sus funciones. La Ley 044 establece un procedimiento que contempla una etapa de investigación y acusación en la Cámara de Diputados y, si la acusación es aprobada, el tratamiento posterior en el Senado.

Asimismo, la Ley 612 establece que la aprobación de una acusación implica la suspensión de la autoridad, mientras que el Senado interviene posteriormente como tribunal de sentencia.

Por otro lado, la Ley 260 contempla mecanismos relacionados con la suplencia de la máxima autoridad del Ministerio Público, aspecto que ahora es objeto de distintas interpretaciones entre legisladores y autoridades.

El debate se desarrolla mientras Mariaca permanece aprehendido y enfrenta una investigación por presuntos vínculos con organización criminal y narcotráfico, según información proporcionada por el Ejecutivo.

Paralelamente, la defensa de Mariaca y de los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta presentó acciones de libertad contra autoridades nacionales, por lo que la situación jurídica de los investigados también permanece bajo análisis judicial.