La medida anunciada por el Departamento de Estado alcanza a funcionarios y exfuncionarios bolivianos, además de sus familiares. En una acción separada, Estados Unidos también impuso una designación contra el fiscal general Roger Mariaca.


El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes restricciones migratorias contra 12 ciudadanos bolivianos y sus familiares, dentro de una política que Washington vincula con la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y otras actividades relacionadas con el crimen organizado. La medida contempla la revocación de visas que ya habían sido otorgadas y restricciones para obtener autorización de ingreso al país norteamericano.


La nómina incluye a fiscales, jueces, magistrados, exautoridades, un coronel de la Policía Boliviana y un empresario privado. Entre los nombres figuran Martín Daniel Irusta Flores, Albania Chane Caballero Saavedra, Alberto Zeballos Flores, Rosario Ximena Flores Paniagua, Iván Manolo Lima Magne, Álvaro Mauricio Nava Morales, Israel Ramiro Campero Méndez, Alberto Samuel Soto de la Vía, Iván Ramiro Campero Villalba, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Frans William Cabrera Quispe y José Luis Iriarte Cussi.


Entre los alcanzados por la medida está Iván Manolo Lima Magne, quien fue ministro de Justicia durante el gobierno de Luis Arce. También figura Alberto Samuel Soto de la Vía, quien ocupó la presidencia ejecutiva interina de la Aduana Nacional hasta que su designación fue dejada sin efecto mediante una resolución emitida el 17 de septiembre.


Otro de los nombres incluidos es el del coronel Frans William Cabrera Quispe, quien estuvo al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y posteriormente asumió como inspector general interino de la Policía Boliviana. Cabrera fue relevado de ese último cargo el 23 de septiembre, cuando el Gobierno designó a otro jefe policial de manera interina.


La lista también comprende a autoridades del Ministerio Público y del Órgano Judicial, entre ellas fiscales y jueces de Santa Cruz y otros departamentos, además de un magistrado constitucional y un exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia.


Roger Mariaca enfrenta una medida separada


El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, no figura dentro de los 12 nombres de la lista anterior. Su caso fue comunicado por separado por el Departamento de Estado, que anunció una designación pública y restricciones de ingreso para él y sus familiares. Washington lo acusa de haber abusado de su cargo y de solicitar y aceptar sobornos relacionados con actividades de narcotráfico; esas son acusaciones del Gobierno estadounidense, no una condena penal emitida por un tribunal.


La decisión de Estados Unidos se enmarca en una política de restricciones de visa dirigida contra ciudadanos extranjeros a quienes Washington acusa de corrupción, narcotráfico o de obstaculizar acciones contra organizaciones criminales. La revocación o restricción de una visa constituye una medida migratoria de Estados Unidos y, por sí sola, no equivale a una sentencia penal contra las personas afectadas.