La resolución ordena que el expresidente sea trasladado desde el penal de San Pedro hasta el Hospital Arco Iris de La Paz para recibir atención especializada. El Gobierno cuestionó que la determinación haya sido emitida por una autoridad judicial de Santa Cruz, debido a que el proceso penal se encuentra radicado en La Paz.
Una resolución judicial emitida en Santa Cruz dispuso la internación inmediata del expresidente Luis Arce en un centro especializado para recibir tratamiento médico por su cuadro oncológico, mientras cumple detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz por el caso Fondo Indígena.
La determinación fue adoptada por el juez 15º de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Santa Cruz, Carlos Alberto Moreira, quien concedió una tutela dentro de una acción de libertad presentada a favor del exmandatario.
De acuerdo con la resolución, Arce deberá ser trasladado al Hospital Arco Iris de La Paz, donde permanecerá bajo resguardo policial hasta que los especialistas determinen su alta médica. Una vez concluida la atención, la disposición establece su retorno al recinto penitenciario, conforme al procedimiento correspondiente.
El fallo también instruye que el juez de garantías constitucionales de La Paz convoque a una audiencia para analizar la situación jurídica del expresidente y considerar otras medidas, tomando en cuenta los antecedentes del proceso.
La decisión generó cuestionamientos desde el Ejecutivo. El viceministro de Transparencia, Yamil García, observó que una autoridad judicial de Santa Cruz haya intervenido en una situación relacionada con una persona cuyo proceso penal se encuentra bajo control jurisdiccional en La Paz.
García señaló que la acción constitucional fue promovida por uno de los hijos de Arce y anunció que el Gobierno solicitará información sobre el trámite para determinar el alcance de la resolución y las competencias de las autoridades involucradas.
Arce permanece con detención preventiva desde diciembre de 2025, dentro de una investigación relacionada con el caso Fondo Indígena. Su defensa sostiene que requiere controles médicos periódicos debido a sus antecedentes oncológicos.
