Los controles derivaron en dos investigaciones, una en Mapiri y otra en Pailón. En el primer caso se detectó gasolina comercializada por encima del precio regulado y una diferencia de 37.000 litros de diésel; en Santa Cruz fueron hallados 2.500 litros almacenados en una vivienda y dos personas quedaron aprehendidas.

Dos operativos realizados en La Paz y Santa Cruz pusieron bajo investigación posibles irregularidades relacionadas con la distribución y comercialización de combustibles, informó el Gobierno en el marco de la intervención a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El primer caso fue identificado en Mapiri, La Paz, donde una estación de servicio fue observada por comercializar gasolina a Bs 8 el litro, pese a que el precio regulado es de Bs 6,96.
Durante la revisión de la documentación y los movimientos de combustible, también se detectó una diferencia aproximada de 37.000 litros de diésel. La administración de la estación habría atribuido esta variación a ajustes contables, explicación que ahora será sometida a verificación.
La investigación incorporó además el seguimiento del traslado de una cisterna desde Senkata hasta Mapiri. Según el reporte oficial, durante el recorrido se identificaron cortes en la señal GPS y un tiempo de desplazamiento considerado superior al habitual.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, señaló que corresponderá establecer qué ocurrió con el volumen de combustible que no aparece registrado y si existe algún vínculo entre las inconsistencias de la estación y el trayecto realizado por la cisterna.
En Pailón investigan almacenamiento y reventa
El segundo caso fue descubierto en Pailón, Santa Cruz, donde personal de la ANH y efectivos de la FELCC intervinieron una vivienda que presuntamente era utilizada para almacenar combustible destinado a la reventa.
Según la información proporcionada por el ministro de Producción, Óscar Mario Justiniano, el procedimiento consistía en adquirir carburantes en una estación de servicio, trasladarlos posteriormente hasta el inmueble y almacenarlos en turriles para venderlos nuevamente a un precio mayor.
Durante la intervención fueron encontrados 2.500 litros de combustible y dos personas fueron aprehendidas, quienes serán investigadas para establecer su grado de participación.
El Gobierno sostiene que no se trataría necesariamente de un hecho aislado y que el movimiento de carburantes habría ocurrido de manera reiterada. De acuerdo con la explicación oficial, esta actividad habría generado ganancias mediante la reventa del combustible en el mercado informal.
Las autoridades también señalaron que algunos productores llegaron a pagar entre Bs 16 y Bs 20 por litro, situación que, según el Gobierno, incrementa los costos de producción y afecta el abastecimiento destinado al sector agrícola.
Gobierno anuncia seguimiento a la distribución
A partir de estos casos, el Ejecutivo anunció que continuará con el control de la cadena de distribución de carburantes, desde su despacho hasta el consumidor final.
La ANH deberá verificar los registros de las estaciones de servicio, los recorridos de las cisternas y los volúmenes entregados para identificar posibles diferencias o desvíos.
Además, la ANH y YPFB anunciaron que comenzarán a difundir información sobre los volúmenes de combustible disponibles y despachados en las estaciones de servicio, con el objetivo de fortalecer el seguimiento público.
Las investigaciones continuarán para determinar el destino del combustible observado en ambos casos y establecer si existen más personas involucradas.







