La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, afirmó que la ley establece mecanismos de prevención y coordinación ante bloqueos que afecten el abastecimiento, el transporte y la economía de las familias cruceñas.
Un día después de la aprobación de la Ley Departamental Antibloqueos, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, explicó los principales alcances de la normativa y sostuvo que su objetivo es establecer mecanismos de prevención frente a medidas de presión que terminen afectando a la población.
Álvarez señaló que la norma no pretende restringir el derecho a la protesta ni impedir las manifestaciones pacíficas. Explicó que el propósito es diferenciar el ejercicio de ese derecho de aquellas acciones que generan perjuicios a terceros, especialmente cuando se interrumpe de manera prolongada la circulación y el abastecimiento.
Según la autoridad, los bloqueos pueden provocar dificultades para el traslado de alimentos, combustibles, medicamentos y otros productos de primera necesidad, además de generar pérdidas para sectores productivos y trabajadores que dependen del normal funcionamiento de las carreteras.
Uno de los aspectos centrales de la ley, de acuerdo con la presidenta de la ALD, es la implementación de mecanismos de coordinación entre las instituciones encargadas de responder ante situaciones que puedan derivar en bloqueos o cercos en distintos puntos del departamento.
La autoridad remarcó que la normativa busca garantizar la libre circulación y prevenir situaciones que terminen aislando comunidades o afectando el abastecimiento de la población.
“Una cosa es protestar y otra muy distinta es poner en riesgo la vida de las personas”, sostuvo Álvarez, al defender la necesidad de contar con herramientas que permitan actuar ante medidas de presión que, según afirmó, terminan perjudicando a ciudadanos que no participan de las movilizaciones.
La titular del Legislativo departamental también destacó que la aprobación de la norma responde a una problemática que, en anteriores conflictos, ocasionó afectaciones económicas y dificultades para el traslado de productos y servicios.
Álvarez afirmó que Santa Cruz mantiene su apuesta por el diálogo y la convivencia pacífica, pero consideró necesario establecer mecanismos institucionales para proteger derechos como el trabajo, la producción, el abastecimiento y la libre circulación.
La ley deberá ahora avanzar en las instancias correspondientes para su aplicación, mientras desde la Asamblea Departamental se sostiene que su finalidad es principalmente preventiva y de protección a la población frente a los efectos de bloqueos prolongados.
