La instancia estará integrada por cuatro ministros y un viceministro de Transparencia. Tendrá entre sus prioridades revisar la comercialización, logística y trazabilidad de carburantes, además de identificar posibles redes de contrabando y desvío.
El Gobierno creó una comisión de intervención estatal extraordinaria para realizar el seguimiento a la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco del Decreto Supremo 5697 que establece una intervención temporal de la empresa estatal.
La instancia estará conformada por los ministros de Economía y Finanzas Públicas; Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Hidrocarburos y Energías; y Obras Públicas, Servicios y Vivienda, o sus respectivos representantes.
A este grupo se sumará el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
Entre las principales tareas asignadas a la comisión está la revisión de los procesos de comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles. El decreto establece que podrá recomendar auditorías técnicas a toda la cadena de importación y distribución de carburantes.
Estas auditorías estarán orientadas a detectar posibles mecanismos de contrabando, desvío o acopio irregular de combustibles, además de establecer responsabilidades individuales del personal que pudiera estar involucrado en estas operaciones.
La comisión también tendrá la facultad de recomendar la contratación o incorporación de profesionales especializados, consultores y peritos técnicos que puedan contribuir a las auditorías y al rediseño de los procesos internos de la petrolera estatal.
Asimismo, podrá solicitar apoyo de entidades estatales encargadas del control y fiscalización para fortalecer las investigaciones y las tareas de supervisión.
El Decreto Supremo 5697 establece además que el presidente de YPFB, junto con el personal administrativo, técnico y operativo de la empresa, deberá entregar la información y documentación que sea requerida por la comisión durante el proceso de intervención.
La instancia contará con 13 atribuciones establecidas específicamente en la normativa y ejercerá sus funciones durante el periodo de vigencia de la intervención estatal extraordinaria.
La creación de esta comisión se produce en medio de la crisis de abastecimiento de combustibles que afecta al país, con dificultades en la provisión de diésel y gasolina y extensas filas en las estaciones de servicio.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende obtener información sobre el funcionamiento de la cadena de abastecimiento, detectar posibles irregularidades y establecer mecanismos de control que permitan mejorar la distribución de carburantes.
