El viceministro de Régimen Interior cuestionó el impacto del nuevo precio en los pequeños productores y anunció que presentará en 48 horas un informe con alternativas de modificación o abrogación del Decreto Supremo 5676.

El debate por el nuevo régimen de precios del diésel tomó fuerza este martes después de que el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, reconociera que la aplicación del Decreto Supremo 5676 está generando dificultades para los pequeños productores.

Tras reunirse con sectores movilizados de Yapacaní, la autoridad consideró necesario revisar los mecanismos establecidos por la norma, especialmente en los casos en que productores que antes accedían al combustible a precio subvencionado deben enfrentar un costo considerablemente mayor.

“Imagínese usted que esté pagando Bs 9,80 y de pronto le suben a Bs 20. Es una barbaridad”, afirmó Paredes, aunque aclaró que se trataba de una valoración personal y no de una decisión oficial del Gobierno.

El Decreto Supremo 5676 establece un precio referencial de Bs 18 por litro para los denominados grandes consumidores, mientras mantiene en Bs 9,80 el precio para otros usuarios. El cambio generó rechazo entre productores de Yapacaní, quienes consideran que el nuevo esquema puede elevar sus costos de producción.

Paredes explicó que el propósito de la norma era diferenciar a los consumidores según su capacidad de compra. Bajo ese criterio, el combustible subvencionado debía estar destinado principalmente a los pequeños productores y al transporte público, mientras que las grandes empresas y otros sectores con mayor capacidad económica deberían recurrir a la importación de carburantes.

Sin embargo, el viceministro admitió que existen problemas en la aplicación del decreto y remarcó que el combustible subvencionado debe llegar efectivamente a las zonas productivas.

“El objetivo es garantizar que al pequeño productor le llegue el diésel subvencionado”, sostuvo.

Sobre el futuro de la norma, Paredes aclaró que todavía no existe una decisión definitiva respecto a su abrogación o modificación. Señaló que esa determinación corresponde al gabinete ministerial.

La autoridad anunció que dispone de un plazo de 48 horas para presentar ante esa instancia un informe acompañado de una propuesta. Entre las alternativas que serán evaluadas están modificar el decreto o plantear su abrogación.

“Si es abrogación, derogación o es otro decreto, eso ya decidirá el gabinete”, explicó.

El pronunciamiento se produce en medio de la tensión generada en Yapacaní, donde los sectores movilizados dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para atender su demanda de abrogar el Decreto Supremo 5676 y dejaron en suspenso el bloqueo anunciado en la carretera Santa Cruz-Cochabamba.

Por ahora, el Ejecutivo deberá definir si mantiene el actual esquema de precios, introduce modificaciones o reemplaza la normativa, mientras los productores esperan una respuesta que garantice el acceso al diésel subvencionado para sus actividades.