El pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde al informe final elaborado por una comisión especial que investigó la comercialización de gasolina desestabilizada. El documento será remitido a la Contraloría, al Ejecutivo y al Ministerio Público.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe final de la comisión especial que investigó el caso denominado “gasolina basura”, relacionado con la comercialización de combustible desestabilizado que habría provocado daños en vehículos.

Con la aprobación del pleno, el documento será enviado a distintas instancias del Estado para que se realicen las acciones correspondientes. La Contraloría General del Estado deberá considerar el informe para una auditoría, mientras que el Órgano Ejecutivo recibirá las observaciones y recomendaciones planteadas por los legisladores.

El informe también será remitido al Ministerio Público, que deberá valorar los elementos contenidos en el documento y, de corresponder, iniciar una investigación y convocar a las personas mencionadas como posibles responsables.

La comisión especial fue conformada en febrero de este año con la participación de 11 diputados de diferentes fuerzas políticas, con el objetivo de establecer qué ocurrió con el combustible cuestionado y determinar posibles responsabilidades dentro de las instituciones involucradas.

Tras varios meses de trabajo, los legisladores presentaron sus conclusiones ante el pleno. El documento identifica a presuntos responsables entre exautoridades y exfuncionarios vinculados con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras instancias del Ejecutivo.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ximena Arispe, explicó durante la sesión que entre las personas observadas figuran exministros, exgerentes de YPFB y exadministradores de la ANH.

El informe también establece observaciones sobre el manejo de la estatal petrolera durante la gestión del expresidente Luis Arce y señala que existirían responsabilidades que corresponden a actuaciones registradas durante la gestión 2026.

Arispe sostuvo que las conclusiones deben ser remitidas al Órgano Ejecutivo para que se adopten medidas destinadas a corregir las fallas detectadas dentro de YPFB.

“Dentro de la estatal hubo bastantes falencias y errores que tienen que ser corregidos y enmendados por la estatal y el Ejecutivo”, señaló la legisladora.

Ahora corresponderá a las instituciones que reciban el informe determinar las acciones que correspondan dentro de sus competencias. En el caso del Ministerio Público, deberá evaluar los antecedentes y definir si existen elementos suficientes para abrir investigaciones penales contra las personas mencionadas.

La aprobación del documento marca el cierre de la etapa legislativa de investigación del caso, pero abre una nueva fase en la que las entidades de control y persecución penal deberán revisar las conclusiones y posibles responsabilidades identificadas por la comisión.