DÓLAR A BS 12,15: ¿IMPROVISACIÓN ECONÓMICA O NEGOCIO BIEN CALCULADO?

Mientras el dólar alcanza los Bs 12,15 y el boliviano acumula una devaluación cercana al 52%, el Banco Central de Bolivia recién anuncia mecanismos para intervenir en el mercado cambiario, generando una pregunta inevitable: ¿por qué no actuó antes y hasta dónde piensa dejar llegar el tipo de cambio? La sospecha crece cuando los principales beneficiados parecen ser los grandes exportadores y el sistema financiero, mientras la población enfrenta el encarecimiento de los alimentos, la pérdida del poder adquisitivo y una economía cada vez más debilitada. A esta crisis se suma otra señal de improvisación: cuando ya transcurrieron casi siete meses de 2026, el Gobierno recién aprueba el Presupuesto General del Estado Reformulado, dejando a numerosas entidades públicas sin recursos y con una limitada capacidad de gestión. Entre devaluación, endeudamiento, reducción de la inversión y dudas incluso sobre el financiamiento de la Renta Dignidad, el país parece avanzar sin rumbo, mientras el Gobierno promete estabilidad, pero responde tarde, administra con improvisación y utiliza la política económica en beneficio de intereses particulares.

Durante un mes, el Gobierno y el Banco Central de Bolivia observaron cómo el dólar subía, cómo el boliviano perdía valor y cómo la incertidumbre se instalaba en la economía. Mientras tanto, se repetía que el nuevo régimen cambiario permitiría encontrar un equilibrio, corregir distorsiones y devolver previsibilidad al mercado. Sin embargo, el dólar siguió escalando hasta aproximarse a los Bs 12,15, consolidando una devaluación cercana al 52% del boliviano.

La pregunta ya no es solamente por qué subió el dólar. La pregunta es mucho más incómoda: ¿por qué el Banco Central esperó hasta ahora para intervenir?

Si el Banco Central tenía la capacidad de comprar y vender dólares para mitigar fluctuaciones no deseadas, ¿por qué no actuó cuando el tipo de cambio comenzó a dispararse? ¿Por qué permitió que la moneda nacional perdiera más de la mitad de su valor antes de anunciar un mecanismo de intervención? ¿Se trató de una demora, de una falta de capacidad o de una estrategia previamente calculada?

La reciente Resolución de Directorio 117/2026 establece que el Banco Central podrá comprar y vender dólares mediante operaciones directas y subastas electrónicas, con el objetivo de mitigar fluctuaciones no deseadas en el mercado cambiario y acumular Reservas Internacionales. La entidad sostiene que no buscará un nivel específico para el Tipo de Cambio Oficial. Pero la medida llega después de que el dólar ya alcanzó niveles que hace pocos meses parecían impensables.

La ironía es evidente: primero se dejó que el dólar suba, que el boliviano se devalúe, que los precios se encarezcan y que la incertidumbre se profundice; después, cuando el daño ya está hecho, se anuncia que el Banco Central podrá intervenir para evitar fluctuaciones.

¿Fluctuaciones no deseadas? ¿Y los más de cinco bolivianos que perdió la moneda nacional frente al dólar fueron una fluctuación aceptable?

Cuando el tipo de cambio se acercaba a los Bs 11, algunos aseguraban que no superaría ese nivel. Cuando llegó a Bs 11,80, se decía que la situación estaba controlada. Ahora, con el dólar bordeando los Bs 12,15, aparecen nuevas reglas para intervenir en el mercado. Pero la pregunta sigue pendiente: ¿se esperará hasta Bs 13 para volver a actuar o ese es el verdadero punto de llegada?

Porque si el Banco Central tenía instrumentos y decidió no utilizarlos oportunamente, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si la devaluación fue simplemente una consecuencia de la crisis o parte de una política que permitió trasladar el costo económico hacia la población.

Los ganadores de la devaluación

Una devaluación no afecta a todos por igual.

Mientras los trabajadores, las familias y los pequeños productores enfrentan el aumento del costo de vida, algunos sectores pueden obtener importantes beneficios. Los exportadores reciben más bolivianos por cada dólar generado, mientras que el sistema financiero puede encontrar nuevas oportunidades en la intermediación, las operaciones cambiarias y el manejo de divisas.

Por eso surge otra interrogante: ¿quién ganó mientras el boliviano perdía valor?

La economía parece haberse convertido en un escenario donde unos pocos tienen acceso privilegiado a dólares, información y mecanismos financieros, mientras la mayoría debe enfrentar precios más altos, menor capacidad de compra y una creciente incertidumbre.

No se trata de afirmar que todos los exportadores o todas las entidades financieras se beneficiaron de manera irregular. Se trata de observar que las reglas del nuevo mercado cambiario pueden favorecer a quienes concentran mayores volúmenes de divisas y tienen capacidad para participar en operaciones financieras complejas.

Así se configura lo que muchos podrían interpretar como un oligopolio bilateral: por un lado, grandes exportadores que generan y administran dólares; por otro, el sistema financiero que intermedia, compra, vende y participa en el mercado cambiario. En el medio queda la población, pagando las consecuencias de una devaluación que reduce el poder adquisitivo y encarece la vida cotidiana.

Mientras algunos hacen negocios con el dólar, la mayoría hace cuentas para llegar a fin de mes.

Un presupuesto aprobado cuando el año ya está por terminar

Pero la improvisación no se limita al mercado cambiario.

Resulta difícil comprender que, cuando ya transcurrieron casi siete meses de 2026, recién se apruebe el Presupuesto General del Estado Reformulado. Un presupuesto es la principal herramienta de planificación económica y financiera de un gobierno. Define prioridades, asigna recursos y permite ejecutar políticas públicas.

Entonces, ¿cómo se pretende realizar una gestión eficiente si el presupuesto reformulado se aprueba cuando gran parte del año ya pasó?

La pregunta es inevitable: ¿podrá este Gobierno hacer gestión cuando numerosas entidades públicas se encuentran paralizadas o limitadas por la falta de recursos?

La falta de presupuesto oportuno afecta la inversión pública, la ejecución de proyectos, la atención de programas sociales y el funcionamiento de las instituciones. Mientras el Gobierno anuncia reformas y nuevas políticas, muchas entidades esperan recursos para cumplir sus funciones.

La economía se debilita, la inversión se reduce y el Estado pierde capacidad para responder a las necesidades de la población. Sin embargo, la principal respuesta parece ser generar más deuda.

Se habla de financiamiento externo, nuevos créditos y mayores obligaciones, pero no se explica con claridad cómo se recuperará la capacidad productiva del país ni cómo se generarán los recursos necesarios para cumplir los compromisos sociales.

La situación es tan grave que incluso se ha puesto en duda la disponibilidad de recursos para sostener beneficios como la Renta Dignidad. Un Gobierno que afirma defender a los sectores más vulnerables no debería llegar al punto de cuestionar si podrá cumplir con una renta destinada a los adultos mayores.

Y aquí aparece una contradicción dolorosa: se habla de dignidad, pero no existe la suficiente responsabilidad para administrar adecuadamente la economía. Se promete estabilidad, pero se permite una fuerte devaluación. Se anuncia planificación, pero el presupuesto reformulado llega cuando el año ya está avanzado. Se promete crecimiento, pero se reducen recursos para la inversión y se incrementa la dependencia de la deuda.

¿Improvisación o un plan que nunca explicaron?

Tal vez el Gobierno sea profundamente improvisado. Tal vez no tuvo la capacidad técnica para anticipar la crisis. O tal vez el problema sea más preocupante: que las decisiones fueron parte de un plan que nunca se explicó con transparencia a la población.

Si la devaluación era inevitable, debió comunicarse con claridad y aplicarse con medidas de protección para los trabajadores, los pequeños productores y las familias.

Si el Banco Central tenía previsto intervenir, debió hacerlo antes de que el dólar alcanzara niveles tan elevados.

Si el presupuesto era indispensable para ejecutar la gestión, debió aprobarse al inicio del año y no cuando ya transcurrieron siete meses.

Pero nada de eso ocurrió.

En cambio, se dejó que el dólar suba, que el boliviano pierda valor, que los precios aumenten y que la incertidumbre se convierta en parte de la vida cotidiana. Ahora se anuncian subastas, operaciones directas y mecanismos de intervención como si el problema recién hubiera comenzado.

La economía no se recupera con discursos ni con anuncios tardíos. Tampoco se construye estabilidad trasladando el costo de la crisis hacia la población mientras algunos sectores encuentran oportunidades para incrementar sus ganancias.

La gran pregunta sigue abierta:

¿El Gobierno esperó que el dólar llegue a Bs 12,15 porque no sabía qué hacer o porque ese era el resultado que buscaba?

Y si el dólar continúa avanzando hacia los Bs 13, la respuesta ya no podrá esconderse detrás de nuevas resoluciones, subastas o promesas.

Porque mientras el Gobierno improvisa —o ejecuta un plan que se niega a explicar— la economía se deteriora, el Estado se endeuda, las instituciones se paralizan y la población pierde poder adquisitivo.

Y al final, quienes pagan la cuenta no son quienes especulan con el dólar ni quienes concentran las divisas.

La paga el pueblo.