El exmandatario enfrenta una nueva orden emitida en Santa Cruz dentro de una investigación por las movilizaciones de mayo y junio. Morales permanece en el Trópico de Cochabamba y anteriormente cuestionó las acusaciones en su contra.
La Fiscalía de Santa Cruz activó una nueva acción judicial contra el expresidente Evo Morales, luego de emitir una orden de aprehensión dentro del proceso que investiga los bloqueos registrados en el país durante mayo y junio.
El mandamiento fue firmado por el fiscal departamental de Santa Cruz, Brayan Melgar, en el marco de una causa impulsada por el Comité pro Santa Cruz, que apunta contra Morales y otros dirigentes por su presunta participación en la convocatoria y organización de las medidas de presión.
La investigación abarca varios delitos, entre ellos terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La denuncia sostiene que los bloqueos generaron un impacto económico, interrupciones en el transporte y afectaciones a personas que requerían atención médica durante el periodo de conflicto.
Esta determinación representa un nuevo frente judicial para el exmandatario, quien ya cuenta con otra orden de aprehensión emitida en Tarija por un proceso relacionado con un caso de trata y tráfico de personas.
Actualmente, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, donde recibe respaldo de las seis federaciones cocaleras. Sus seguidores han expresado que no permitirán acciones en su contra y mantienen vigilancia en la zona.
En anteriores declaraciones, Morales negó haber ordenado los bloqueos y afirmó que las organizaciones del Trópico no definieron esas medidas. También señaló que no tiene relación con los grupos denominados “Ponchos Rojos” que fueron vinculados al conflicto por la aparición de personas portando armas.
Con esta nueva orden, la Fiscalía vuelve a poner en el centro del debate la situación legal del expresidente, mientras se espera conocer si la medida podrá ser ejecutada o si quedará en etapa de cumplimiento pendiente.
