El Gobierno nacional amplió hasta enero de 2026 la vigencia de los precios actuales de los combustibles con el objetivo de evitar que las fluctuaciones del tipo de cambio del dólar se reflejen de manera inmediata en el costo de la gasolina, el diésel y otros derivados del petróleo.
El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, explicó que el Decreto Supremo 5652 establece un periodo transitorio de seis meses durante el cual se mantendrá congelada la estructura de precios, mientras el Ejecutivo trabaja en una reestructuración de la política energética del país.
Según la autoridad, la norma busca proteger a la población de los efectos que podrían generar las variaciones del dólar sobre el precio de los carburantes. Añadió que este periodo permitirá definir medidas de fondo para el sector energético y establecer un esquema sostenible para la comercialización de los combustibles.
Con la vigencia del decreto, la gasolina Especial continuará comercializándose a Bs 6,96 por litro, mientras que el diésel se mantendrá en Bs 9,80. Asimismo, no sufrirán modificaciones los precios del gas natural vehicular (GNV), el gas licuado de petróleo (GLP) y las gasolinas destinadas a la aviación.
Gálvez recordó que Bolivia mantiene una elevada dependencia de la importación de combustibles, situación que expone al país a las variaciones de los precios internacionales del petróleo y a factores externos, como conflictos geopolíticos, que pueden incrementar los costos de adquisición.
Respecto al costo fiscal que implicará sostener la subvención durante el periodo de transición, el portavoz indicó que no es posible calcular un monto preciso, debido a que el comportamiento del mercado internacional y del tipo de cambio son variables que cambian constantemente.
El Decreto Supremo 5652 también define el mecanismo que entrará en vigencia una vez concluya el periodo transitorio. A partir de enero de 2026, los precios de los combustibles serán determinados mediante una fórmula que considerará la cotización internacional de los carburantes, el tipo de cambio promedio del dólar y un factor de ajuste establecido por la normativa.
