El expresidente Evo Morales rechazó la denuncia penal admitida por la Fiscalía de Santa Cruz en su contra, presentada por el Comité Pro Santa Cruz, por su presunta participación en los bloqueos de carreteras que se extendieron durante 53 días en el país.
En conferencia de prensa, el exmandatario calificó la acción judicial como una persecución política y cuestionó que se impulsen procesos por movilizaciones sociales ocurridas en el presente, mientras —según afirmó— en conflictos anteriores no se habrían abierto investigaciones similares contra otros actores.
Morales comparó la situación actual con las protestas de 2019 y las movilizaciones de 2022, señalando que en ambos casos se registraron bloqueos y paros prolongados sin que, a su criterio, existiera un tratamiento judicial equivalente.
Asimismo, sostuvo que el origen de las protestas recientes estuvo relacionado con la promulgación de la Ley 1720, norma que —según dijo— generó la reacción de sectores campesinos y dio inicio a movilizaciones en distintas regiones del país.
El exmandatario afirmó que las protestas en el trópico de Cochabamba no fueron inicialmente organizadas como un bloqueo de alcance nacional, aunque reconoció que durante el conflicto se instalaron puntos de presión que afectaron la circulación en varias rutas.
La denuncia del Comité Pro Santa Cruz sostiene que los acusados habrían impulsado las movilizaciones que se prolongaron durante 53 días y que derivaron en más de una decena de fallecidos, además de pérdidas económicas y problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
Durante el conflicto, los bloqueos afectaron principalmente a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, generando dificultades en el transporte de personas, pacientes y mercancías, además de incidentes en rutas alternas utilizadas como desvíos.
El 22 de junio, en medio de la crisis, Morales anunció un cuarto intermedio en las medidas de presión tras la declaratoria de estado de excepción, señalando que la decisión no significaba una rendición, sino una pausa en el conflicto.
El Ministerio Público continúa con la etapa preliminar de investigación para determinar si existen elementos suficientes que sustenten la denuncia presentada por el Comité Pro Santa Cruz.
