La Fiscalía Departamental de Santa Cruz admitió la denuncia penal presentada por el Comité Pro Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, por su presunta participación en los bloqueos de carreteras que se prolongaron durante 53 días.
Con la admisión de la denuncia, el Ministerio Público dará inicio a la etapa preliminar de investigación para determinar si existen suficientes elementos que sustenten las acusaciones planteadas por la entidad cívica.
El Comité Pro Santa Cruz atribuye a los denunciados la promoción de las movilizaciones que afectaron al país entre mayo y junio y que, según la institución, dejaron más de una decena de fallecidos, además de millonarias pérdidas económicas y serias dificultades para el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, sostuvo que los hechos ocurridos durante el conflicto no pueden quedar impunes y que las personas que promovieron las medidas de presión deben asumir responsabilidades.
La denuncia identifica nueve presuntos delitos. Entre los principales figuran alzamiento armado, terrorismo y financiamiento al terrorismo, además de otras figuras penales que serán analizadas por la comisión de fiscales a cargo del caso.
La acción penal representa un nuevo frente judicial para Evo Morales, quien permanece en el trópico de Cochabamba mientras pesa en su contra una orden de aprehensión por un proceso de presunta trata de personas.
En tanto, la inclusión del dirigente de la COB, Mario Argollo, se conoce luego de que la organización sindical suscribiera un acuerdo con el Gobierno nacional, tras el cual se dispuso el estado de excepción y las organizaciones que mantenían los bloqueos comenzaron a levantar las medidas de presión.
Ahora será el Ministerio Público el encargado de reunir declaraciones, documentación y otros elementos probatorios para establecer si corresponde avanzar hacia una imputación formal contra los denunciados.
FUENTE:UNITEL
