La defensa del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió a la Audiencia Nacional retirar del expediente del caso Plus Ultra el informe policial que hace referencia a sus presuntas gestiones en Bolivia, al considerar que ese documento fue elaborado fuera del objeto de la investigación y no debería formar parte del proceso judicial.
La solicitud fue presentada por el abogado Víctor Moreno ante el juez José Luis Calama, quien lleva adelante la causa. Según informó el diario español eldiario.es, el escrito plantea que el magistrado excluya el último informe incorporado al expediente, elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), por estar centrado en supuestos hechos ocurridos en Bolivia.
De acuerdo con la publicación de La Razón de España, la defensa también solicitó que el documento sea devuelto a la UDEF, argumentando que su contenido corresponde a una «investigación prospectiva y no autorizada» y aborda hechos que, a su criterio, son ajenos al proceso que actualmente se sigue en la justicia española.
El caso Plus Ultra investiga una presunta trama de blanqueo de capitales, corrupción y tráfico de influencias, en la que Zapatero figura como investigado. Según la agencia EFE, es el primer expresidente del Gobierno español sometido a una investigación judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El informe cuestionado sostiene que el exmandatario habría recibido presuntamente 200.000 euros para realizar gestiones ante autoridades bolivianas en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria, en una controversia empresarial relacionada con la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
La investigación señala además que las sospechas surgieron tras identificar tres transferencias realizadas entre julio de 2024 y junio de 2025 a la cuenta personal de Zapatero. Esos pagos, según la UDEF, habrían sido canalizados mediante un contrato de asesoría con la empresa peruana Focus Social Research, considerada por los investigadores como una presunta sociedad interpuesta para justificar las operaciones.
El juez José Luis Calama deberá ahora analizar la solicitud de la defensa y definir si el informe policial sobre Bolivia continúa formando parte del expediente del caso Plus Ultra.
