La tensión social crece en el municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, tras el secuestro y asesinato del dirigente sindical Edgar Peñaloza, hecho que ha generado movilización de organizaciones sociales y la llegada de autoridades del Gobierno y la Policía para atender las demandas de la población.
El dirigente fue secuestrado el pasado jueves luego de que sujetos armados irrumpieran en su vivienda. Días después, su cuerpo sin vida fue encontrado en inmediaciones de la ruta central de San Germán, a unos 20 kilómetros de la zona, con impactos de arma de fuego, lo que provocó consternación en la comunidad.
Ante este hecho, organizaciones sociales emitieron un voto resolutivo en el que otorgaron un plazo de 72 horas a las autoridades nacionales y departamentales para presentarse en el lugar, exigir explicaciones y demandar avances concretos en la investigación del crimen.
En respuesta a la presión social, una comisión integrada por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodillo Montero; el viceministro de Autonomía, Adrián Oliva; y el comandante departamental de la Policía, David Yenky Gómez, se trasladó hasta Yapacaní para reunirse con dirigentes locales y coordinar acciones.
Según información preliminar, los captores habrían exigido una suma de 100 mil dólares a la familia de la víctima. Aunque dicho monto habría sido entregado, el dirigente fue igualmente asesinado y abandonado al día siguiente del secuestro.
La Policía informó que existen avances en la identificación de los presuntos autores del hecho, quienes estarían vinculados a otros casos de similares características registrados en la región, lo que abre la hipótesis de una posible estructura criminal operando en el área.
Mientras tanto, los pobladores mantienen su exigencia de justicia y el esclarecimiento total del caso, en medio de un clima de indignación y duelo que se vive en Yapacaní.
