El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara Montaño, presentó una Acción de Amparo Constitucional ante una Sala Constitucional de turno en La Paz, con la que busca frenar la abrogación de la Ley N° 1341 de Estados de Excepción.

La acción legal plantea la suspensión del proceso legislativo y la nulidad de la aprobación realizada en el Senado, bajo el argumento de presuntas irregularidades en el procedimiento y vulneraciones a principios constitucionales.

En el memorial presentado, el vicepresidente sostiene que durante el debate y aprobación del proyecto habría existido falta de imparcialidad en la conducción de la sesión legislativa, debido a que la misma autoridad cuestionada habría participado en la promoción de la norma.

Este hecho es vinculado al principio jurídico nemo iudex in causa sua, que establece que ninguna autoridad puede actuar como juez en su propia causa, aspecto que —según el recurso— habría afectado la validez del proceso.

El amparo advierte que la abrogación total de la Ley 1341 podría generar un vacío jurídico inconstitucional, ya que la Constitución establece que los estados de excepción deben estar regulados por ley.

En ese sentido, se argumenta que la norma vigente regula escenarios como conmoción interna, desastres naturales y amenazas a la seguridad del Estado, por lo que su eliminación dejaría sin respaldo legal estos mecanismos.

Asimismo, el recurso cuestiona la decisión legislativa y señala que, en lugar de una abrogación total, debió considerarse una modificación parcial del texto legal.

Como parte del amparo, la autoridad solicita la suspensión inmediata de los efectos de la abrogación y del trámite legislativo en curso, además de mantener vigente la Ley 1341 mientras se resuelve el fondo del caso.

También se señala que la vía parlamentaria habría sido agotada mediante una moción de reconsideración, rechazada en el Senado.

En su solicitud final, el vicepresidente pide la admisión del recurso, la fijación de audiencia, la concesión de la tutela constitucional y la anulación del acto legislativo. Además, solicita que el tratamiento del proyecto se realice bajo nuevas condiciones procedimentales.

El documento concluye con la frase: “Que se haga justicia, aunque se caigan los cielos”.