La Plataforma de la Sociedad Civil para la Incidencia Económica y Social, conformada por más de 20 instituciones académicas, fundaciones, ONGs y organizaciones profesionales del país, presentó este miércoles una declaración pública en la que expresa su preocupación por la situación económica y social de Bolivia, además de proponer un debate técnico sobre la redistribución fiscal denominada “50-50”.

Durante una conferencia de prensa, los representantes señalaron que el país atraviesa una “coyuntura crítica”, marcada por una crisis multidimensional que combina problemas económicos, sociales y de gobernanza.

El director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, afirmó que la iniciativa busca aportar al debate público con información técnica y propuestas orientadas a la toma de decisiones en un contexto complejo.

En tanto, el arquitecto e integrante del Instituto Boliviano de Urbanismo, Edgar Benavides Castro, dio lectura a la declaración institucional, en la que las organizaciones expresan su compromiso con el país y advierten que las soluciones a la crisis requieren responsabilidad técnica, evitando que intereses políticos posterguen decisiones urgentes.

El documento también señala que varias de las medidas necesarias podrían ser complejas e incluso impopulares, pero advierte que su postergación podría agravar los problemas estructurales. Asimismo, enfatiza la importancia de preservar el Estado de derecho, fortalecer la institucionalidad democrática y promover la participación activa de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas.

Propuesta para la agenda 50-50

En una segunda intervención, el presidente de la Fundación Gobierno Abierto y representante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Cristian Aramayo, presentó una propuesta para enriquecer el debate sobre la agenda 50-50, que plantea la redistribución de recursos fiscales entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

Según la plataforma, este debate no debe limitarse a un reparto porcentual de recursos, sino que debe orientarse a una transformación estructural del sistema fiscal.

“La discusión no debe centrarse únicamente en la distribución, sino en la capacidad de cumplir competencias que impacten en la calidad de vida de la población”, sostuvo Aramayo.

En esa línea, plantearon que el proceso debe partir de un diagnóstico integral de la situación económica actual, caracterizada por un déficit fiscal estructural que requiere atención urgente.

Ejes propuestos para el debate

La plataforma presentó una agenda temática que considera clave para encarar este proceso:

• Competencias

  • Definición y distribución de competencias entre niveles de gobierno, en el marco de la Constitución.
  • Costeo competencial como base para la asignación de recursos.

• Sistema de planificación

  • Fortalecimiento del sistema de planificación en el marco del régimen autonómico.

• Generación de ingresos y distribución

  • Revisión del sistema tributario y definición de dominios tributarios.
  • Análisis de regalías.
  • Ajustes al sistema de coparticipación, tanto en la distribución vertical como en criterios horizontales.
  • Evaluación del endeudamiento.

• Gasto y gestión financiera

  • Implementación de reglas fiscales para el gasto y la inversión.
  • Mejora en el uso de recursos bajo criterios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
  • Promoción de incentivos, desburocratización, participación y control social, así como mecanismos de concurrencia entre niveles de gobierno.