El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, señaló al exconcejal José Quiroz (MAS) como presunto responsable de haber facilitado los planos del mercado Mutualista a Nelson Crapuzzi, en el marco de la investigación sobre la disputa por estos predios en Santa Cruz.

Según explicó, la información surge de la declaración de uno de los abogados de la familia Crapuzzi, quien afirmó que los documentos fueron entregados por Quiroz a solicitud expresa, aprovechando que —según el reporte— era la única persona con acceso a un sistema digital del municipio donde se encontraban dichos planos.

Estas revelaciones forman parte del informe presentado este 16 de abril por la comisión de Transparencia del TSJ, que se trasladó desde Sucre a Santa Cruz para revisar el denominado caso Mutualista.

Saucedo también indicó que, si bien el proceso fue rechazado inicialmente por el Ministerio Público, aún existen plazos legales vigentes que permitirían solicitar su reapertura. En ese sentido, mencionó que actores políticos, autoridades y sectores interesados podrían activar los mecanismos correspondientes para retomar la investigación.

Respecto a posibles responsabilidades adicionales, la autoridad aclaró que corresponde al Ministerio Público profundizar las indagaciones y determinar si existen otros implicados.

En paralelo, el titular del TSJ defendió la actuación del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que hasta el momento no entregó los planos a la familia Crapuzzi pese a una sentencia constitucional. Argumentó que la Alcaldía exigió el cumplimiento de requisitos legales, como la presentación de la minuta de transferencia, documento que —según certificación notarial— no existe.

El informe de la comisión también expone una serie de irregularidades en el proceso. Entre ellas, la falta de respaldo documental en la supuesta transferencia del terreno en 1969, ausencia de copias de cédulas de identidad en registros de Derechos Reales y discrepancias en la identidad del presunto propietario, lo que afecta la validez de trámites como la declaratoria de herederos.

Asimismo, se observaron actuaciones judiciales cuestionadas, como la admisión de un amparo constitucional en Pailón sin competencia territorial, la emisión de medidas cautelares y posterior declinatoria del caso. A ello se suman indicios de prevaricato en una sentencia constitucional y la posible entrega irregular de documentación municipal.

Todos estos elementos, según el TSJ, abren la posibilidad de establecer responsabilidades penales y reactivar investigaciones en torno a uno de los casos más controvertidos por la propiedad de los terrenos del mercado Mutualista.