Una medida de presión se instaló este miércoles en instalaciones de YPFB en Santa Cruz, donde miembros de la Confederación Departamental de Mototaxis decidieron encadenarse en señal de protesta para exigir el resarcimiento económico por presuntos daños ocasionados a sus vehículos por la llamada gasolina desestabilizada.
Los movilizados sostienen que no existe una respuesta concreta por parte de la estatal petrolera y afirman que el problema ha generado perjuicios en sus herramientas de trabajo. Según el sector, se habrían presentado más de 1.500 carpetas de solicitud de compensación, pero únicamente una mínima parte habría sido atendida.
La protesta se mantiene en puertas de la entidad estatal, en medio de la demanda de una solución estructural al conflicto y la atención inmediata de los casos pendientes.
Desde otro sector del transporte, el ejecutivo del Transporte Libre de La Paz, Limber Tancara, cuestionó la ampliación del plazo para el resarcimiento hasta el 15 de mayo, señalando que las medidas administrativas no resuelven el problema de fondo.
“Tener nuevas fechas no soluciona nada si el combustible sigue sin garantía. Los vehículos continúan dañándose”, afirmó el dirigente.
